Al igual que sucediera con rebeca Delgado, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU) dictaminó que Eduardo Maldonado – exsenador del Movimiento al Socialismo- fue inhabilitado erróneamente para postular a la Alcaldía de Potosí, el 2015, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En ese sentido, las Naciones Unidas conminó el Estado Boliviano a pagarle a Maldonado un resarcimiento económico “adecuado” que cubra, al menos, sus gatos de representación legal nacional e internacional en un plazo no mayor a los 180 días

Asimismo, las NNUU ratifica que el Estado boliviano tiene la obligación de “adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando el marco normativo regulador del proceso electoral.

Al igual que en el fallo que benefició a la exdiputada del MAS, Rebeca Delgado, las NNUU también exige al Gobierno boliviano brindar información, en un plazo de 180 días, “sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen”.

“Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, lo haga traducir a los idiomas oficiales del Estado parte y le dé amplia difusión”, añade el fallo del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

Maldonado, a través de su cuenta de Twitter, saludó el dictamen de las Naciones Unidas y resaltó que se hizo justicia.

Esta mañana, en conferencia de prensa, rebeca Delgado anunció que la siguiente semana se reunirá con Maldonado y sus equipos jurídicos para definir el monto económico que debe ser resarcido por el Estado.

La denuncia de Maldonado fue presentada en junio del 2015, después de que un reglamento del Tribunal Supremo Electoral le impidiera ser candidato a la Alcaldía potosina.

En diciembre de 2014, el TSE emitió un Reglamento que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.

Los siete vocales que firmaron esa resolución fueron Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.

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