Esta vez en el país, además, han aumentado las esperanzas de que efectivamente así sucederá. De hecho, habrá elecciones generales y regionales de las que emergerán nuestras nuevas autoridades que tendrán la difícil tarea de encarar la reinstitucionalización democrática del país.

Además, en estas nuevas elecciones se han ampliado las posibilidades de que compitan representantes de las diversas corrientes ideológicas que existen, de manera que la ciudadanía pueda elegir a quien de veras crea que la exprese mejor.

En ambos casos, elecciones y voto, hay la certeza de que las fuerzas políticas que competirán lo harán con reglas justas y en un proceso electoral transparente, cuyo resultado será el que exprese la ciudadanía y no el que deseen los detentadores el poder político, como sucedió el pasado 20 de octubre.

Adicionalmente, hay la posibilidad de que la gente ya no otorgue un cheque en blanco a las nuevas autoridades. De esa manera, quienes resulten elegidos deberán reaprender las reglas del sistema democrático, cuya base es la negociación sobre objetivos a alcanzar y no sólo sobre áreas a copar. Para ello, debemos recordar las causas que condujeron a que el sistema político-partidario que se creó en el país en 1982 fuera derrotado en 2005, y también las otras muchas por las que el proyecto político del MAS fracasó.

Pero, hay indicios de que la tarea de gobernar en los niveles nacional y regional será bastante más difícil. Un primer elemento para tener esa percepción es que la situación económica se ha deteriorado y las nuevas autoridades no tendrán la capacidad de inversión y gasto a la que la bonanza económica del período masista (sin parangón en nuestra historia) nos acostumbró.

La existencia de pesos y contrapesos en la administración estatal retrasará la adopción de decisiones, al mismo tiempo que el control de la gestión impedirá la arbitraria asignación de recursos que predominó en el gobierno del MAS.

Será de filigrana la necesaria reestructuración de todo el sistema judicial –incluyendo al Ministerio Público y la Policía– hoy corroído por la corrupción y la incapacidad, así como la redefinición del papel de las FFAA en la democracia.

Un cuarto factor que hará más difícil gobernar es la mayor fuerza de lo informal, cuyas expresiones más visibles son los grupos dedicados a la producción y tráfico ilegal de drogas, una sui generis dirigencia cívica alteña y una serie de alianzas entre contrabandistas y dirigentes comunarios asentados en nuestras zonas fronterizas.

Adicionalmente, se deberá combatir la concepción de que la ley sirve si me es favorable, pero no si me perjudica, así como la idea de que el diálogo es tal sólo si se acepta lo que cada sector plantea.

A lo anterior hay que agregar la necesidad de reabrir en forma armónica el proceso autonómico y el papel que deben cumplir las regiones en el desarrollo nacional.

En el campo internacional, habrá que atender la acción sistemática en contra de nuestra recuperación democrática por los gobiernos de la región afines al otrora socialismo del siglo XXI, que será una constante hasta que ellos mismos terminen por ser derrotados por sus pueblos. En este campo, la animosidad del Gobierno argentino será particularmente molestosa, como lo fueron en su tiempo las dictaduras militares de ese país cuando comenzamos a recuperar la democracia y nos mandaron asesores de tortura y represión, como hoy nos mandan presuntos activistas de derechos humanos.

Y no sigo enumerando más las tareas que se debe enfrentar porque por ahí muchas personalidades se desaniman de competir por la administración del Estado. En todo caso, el desafío es, hay que reiterar, elegir a quienes creemos que son los mejores para administrar al país y no para evitar que uno u otro gane.

En definitiva, lo que hará diferente este 2020 es que podremos, a través de nuestro voto, reencauzar la administración del Estado y recuperar el sistema democrático a plenitud.

No es poca cosa.