Luego del estallido social de octubre en Chile, ese país parece haber encontrado la fórmula para aliviar tensiones. En abril tendría lugar un referendo para decidir si se avanza o no hacia una reforma integral de la Constitución, y de qué manera lo harían.

Los observadores más lúcidos de la situación chilena –como Fernando Mires, Gonzalo Rojas y Eugenio Tironi– destacan el riesgo de utilizar la reforma constitucional, que promete todo sin precisar nada, para tratar de resolver problemas que tampoco han sido bien comprendidos. Es extraño que se atribuyan los conflictos a la desigualdad social y se crea que se la corregirá con una nueva Constitución.

Un país rara vez aprende desde su propia experiencia, incluso con buenos historiadores. Le es más difícil todavía aprender de la experiencia ajena. Por eso tropezamos una y otra vez en la misma piedra. Chile pudo mirar a Venezuela o Bolivia para desinflar el entusiasmo por la constituyente, pero no lo hizo. El riesgo es que el manoseo político de la Constitución la debilite como piedra angular del sistema institucional y arrastre en su deterioro a la democracia y a la vida social.

El constitucionalista José Antonio Rivera publicó el 24/10/2019 un medular artículo sobre “la desconstitucionalización”. Así llama al proceso que conduce a la muerte de la democracia por el desconocimiento paulatino de la voluntad popular y de las reglas de juego.

El autor tiene autoridad en el tema pues formó parte del Tribunal Constitucional cuando éste era independiente del poder político. En su nota, describe las transgresiones que a su juicio han puesto al Estado de derecho al borde del colapso en Bolivia.

Compartiendo los criterios y la preocupación de Rivera, quisiera aprovechar su artículo para plantear una hipótesis más amplia sobre dicho proceso, pues estoy convencido de que comenzó varios años antes de que el Tribunal Electoral cancelara la personalidad jurídica de Unidad Demócrata en el Beni.

Hay que recordar que después de la Guerra del Agua (2001) se planteó con insistencia la reforma constitucional, incluso con el argumento de que había que cambiarla toda porque la Constitución vigente era inservible. La campaña política insistió en una reforma total pero eludió plantear propuestas específicas. Era un caballito de batalla para arrinconar al sistema político, más que un proyecto concreto de cambio en el país. Sin embargo, logró entusiasmar a la gente y por eso se sumaron algunos partidos que buscaron, con la bandera de la Constituyente, una votación mayor en la campaña de 2002.

La Constitución entonces vigente solo permitía reformas parciales a través de un mecanismo lento pero que aseguraba debates profundos, ya que obligaba a convencer a dos tercios de un Congreso sobre la “necesidad de la reforma”, y a dos tercios del siguiente a aceptarla y sancionarla. Debía declararse una “necesidad” muy específica, con detalle del texto que se buscaba cambiar. Este mecanismo, establecido desde 1967, buscaba hacer de la Constitución el pivote de la estabilidad jurídica e institucional, evitando que se la cambie al calor de la coyuntura política o de las necesidades del poder, que en democracia siempre es y debe ser transitorio.

Al terminar la legislatura en 2002, de manera apresurada, el Congreso aprobó una ley de necesidad de reforma haciendo referencia a 45 artículos, incluyendo los relacionados al propio procedimiento de reformas. Ahí se incorporó la idea del referendo para reformas parciales de la Constitución.

La ley 2410 fue sancionada en el último día de gobierno del presidente Jorge Quiroga. Cinco días después se proclamó al nuevo Presidente (ley 2412), Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se había resistido a plegarse al fuerte movimiento reformista. Eludiendo la tentación de buscar votos con esa bandera, rechazó sobre todo la idea de modificar los procedimientos de reforma porque consideraba que eso “sería peligroso puesto que puede traer inestabilidad a todo el sistema político”. Ya en el gobierno, rechazó la idea de una reforma total mediante Asamblea Constituyente, lo que fue sin duda uno de los factores que condujeron a su derrocamiento en octubre del 2003.

A los cuatro meses de encontrarse en el gobierno, el presidente Carlos Mesa promulgó la Ley 2631 que incorporaba cambios a 15 artículos de la Constitución. Entre ellos a los artículos 232 y 233, que flexibilizaron el procedimiento de reforma.

Fue en el nuevo artículo 233 que se produjo el salto al vacío. A pesar de que el tema no estaba contemplado en la Ley de Necesidad y a pesar de que habían transcurrido más de 18 meses, en dicho artículo se incluyó la figura de la reforma total a través de una Asamblea Constituyente. Esto transgredía la Constitución vigente y los procedimientos establecidos en ella.

Unos meses más tarde, el 6 de julio de 2004, el presidente Mesa sancionó la Ley del referendo, por la cual se amplió de hecho la temática que podía consultarse en referendo más allá de lo constitucional, y se introdujo la posibilidad de referendos a nivel departamental y municipal, con el argumento de que de ese modo se ampliaba la democracia.

Fue en esa reforma de los procedimientos de reforma, forzada legalmente y presionada políticamente, donde comenzó la “desconstitucionalización” que nos trajo donde estamos, a una situación tan crítica que para salvar la democracia los bolivianos tuvieron que salir a las calles y ponerse al límite de una guerra civil durante 21 días. Como lo anticipó Sánchez de Lozada y lo muestra ahora José Antonio Rivera, estamos con la democracia tan debilitada como su Constitución. La democracia boliviana apenas puede respirar bajo el peso de una Constitución que fue aprobada por presión social, sin debate, al margen de la ley, despreciando a las minorías, y que además contiene disposiciones contradictorias y propuestas imposibles de cumplir.

La humanidad tiene muchas historias que recomiendan no abrir ciertas cajas. Pandora no hizo caso en la mitología griega, Bolivia tampoco y al parecer nuestros vecinos se disponen a asumir riesgos parecidos.