"Con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó a Bolivia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga; adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas beneficiarias puedan desempeñar sus actividades sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición", señala parte de la resolución.

Según la solicitud que llegó hasta la CIDH, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en La Paz y Cochabamba, fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, lo que implicó "serios obstáculos" e "impedimentos" para que los funcionarios que trabajan en tales oficinas pudiesen realizar sus labores debidamente.

Según la Resolución, la Comisión tomó en cuenta la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos, como las Defensorías del Pueblo, en su rol crucial en la observancia y respeto de los derechos humanos "en las Américas y en sus respectivos países".

"En el presente asunto, la Comisión identifica con especial preocupación los alegados hechos de en la oficina de La Paz y Cochabamba en que, durante las manifestaciones, se habría recurrido a “reacciones verbales con tono agresivo”, con gritos considerados “infamantes a funcionarios de la institución”, buscando generar afinidad política-partidaria de la institución defensorial. Incluso, según los solicitantes, cuando funcionarios habrían intentado ingresar, se habrían presentado empujones y jaloneos hacia ellos", dice el informe.

Cruz fue cuestionada por activistas que fueron parte de las protestas que exigían la renuncia de Evo Morales por su participación en un cabildo cocalero en la localidad de Sacaba, Cochabamba, en noviembre, donde arengó: "Ni olvido ni perdón, justicia". Instalaron una vigilia en oficinas de la Defensoría del Pueblo demandando la renuncia de la Defensora.

Un panorama similar se vivió en Cochabamba. Dos grupos se concentraron en puertas de la representación Defensorial a cargo de Cox; uno para pedir paz y la renuncia de Cox y el otro para exigir justicia por los fallecidos en los hechos de violencia en Sacaba, que llegaron a nueve. Todo sucedió como corolario de los conflictos activos tras la dimisión de Morales.

También "toma nota y valora las acciones informadas por el Estado en su respuesta. En particular, el reconocimiento de altas autoridades hacia el rol de la Defensoría del Pueblo en la superación de “la situación de conflictividad político-social”. Sin embargo, la Comisión advierte que las medidas de seguridad adoptadas por el Estado no han permitido que los eventos de riesgo cesen, lo que implique que los propuestos beneficiarios actualmente puedan retomar sus labores normalmente".