El fiscal Marco Rodríguez informó que se mantiene el riesgo procesal de obstaculización a la investigación, por el cual se presume que se entorpecerían las pesquisas si el exvocal estuviese en libertad.

También indicó que persiste la probabilidad de autoría. El fiscal sostuvo que si bien Costas no participó en decisiones del TSE bajo investigación, debería haberse opuesto a dichas determinaciones.

Costas renunció al cargo debido a la interrupción del TREP. También denunció que se lo había excluido de decisiones como el cambio de personal y reuniones del plano informático.

El abogado de Costas, Andrés Zúñiga, manifestó que la juez decidió por miedo que el exvocal siga en la cárcel. Indicó que ya se ha apelado esa decisión, porque consideran esta resolución como agraviante.

Entre los elementos que el exvocal pretende usar a su favor es el informe de la OEA, el cual señala que Costas no participó de la decisión de establecer un servidor oculto, el cual tenía la capacidad de modificar resultados electorales.