Según la solicitud de los mencionados, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en La Paz y Cochabamba, fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, situación que habría impedido la atención a la población y que los funcionarios de dichas oficinas puedieran realizar sus labores con normalidad. 

Ante este panorama, la CIDH vio que los más expuestos en este contexto son Cruz y Cox, se analizó el caso y la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo y se resolvió conceder las medidas de protección, según señala la CIDH.

"La Comisión identifica con especial preocupación los alegados hechos de la oficina de La Paz y Cochabamba en que, durante las manifestaciones, se habría recurrido a 'reacciones verbales con tono agresivo', con gritos considerados 'infamantes a funcionarios de la institución', buscando generar afinidad política-partidaria de la institución defensorial", refiere parte del comunicado de prensa.

Tanto Cruz como Cox denunciaron a los policías por realizar declaraciones de desprecio al trabajo de los funcionarios de la Defensoría. 

También se acusó a terceras personas por amenazar y pedir la renuncia de Cox durante tres días consecutivos, a fines del mes de noviembre.

La Comisión refirió que también hubo una campaña de desprestigio a la Defensoría del Pueblo de parte de diversos medios de comunicación. 

Ante ese panorama, la CIDH considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Estado no permitieron que los riesgos para los mencionados cesen, como para que retomen sus labores con normalidad.

"La CIDH solicitó a Bolivia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga; adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas beneficiarias puedan desempeñar sus actividades sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición", concluye el comunicado.

La Comisión aclaró que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.