Medio: Opinión
Fecha de la publicación: sábado 28 de diciembre de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
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Respecto a Cruz y Cox, la CIDH señaló que hubo intentos de tomas o cierres de las oficinas de las Defensorías de La Paz y Cochabamba, pero además se reportó manifestaciones que recurrieron a "reacciones verbales con tono agresivo", buscando generar afinidad política-partidaria de los funcionarios defensoriales.
Como parte de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado boliviano que adopte las medidas para proteger los derechos a la vida e integridad de Cruz y Cox; y que además se les garantice desempeñar sus actividades sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia, entre otros.
Según la CIDH Los representantes defensoriales fueron objeto de escarnio, porque se los acusó de parcializarse a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), incluso participando de un cabildo de cocaleros del Chapare. Cruz generó polémica por realizar una arenga en dicho encuentro, mientras que Cox fue Viceministro del Gobierno de Evo Morales. Actualmente enfrenta una acusación en su contra por incumplimiento de deberes. Las oficinas defensoriales se encuentran con una vigilia permanente.
LA ALCALDESA En el caso de Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, la CIDH observó que la misma y sus hijos "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos", señaló.
La Comisión recordó que Arce fue retenida por terceras personas el 6 de noviembre (día en que la humillaron cortándole el cabello y lanzándole pintura roja).
Asimismo, señala que no se identificó información que indique cuál es el alcance de la protección a la Alcaldesa y no se sabe si alguno de los agresores fue detenido.
Para este caso, la CIDH solicitó a Bolivia que proteja los derechos a la vida e integridad personal de Patricia Arce sus hijos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.
NUEVO DEFENSOR Por otro lado, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidió ayer diferir el proceso de selección y elección del nuevo Defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), bajo el argumento de que el MAS no garantiza la imparcialidad de la futura autoridad.
“Es fundamental que la Asamblea Legislativa también muestre esa imparcialidad y en este momento los dos tercios del MAS no nos van a permitir que sea designado un ciudadano o ciudadana con esa independencia política, con esa imparcialidad", dijo el exdefensor del Pueblo e integrante del Conade, Waldo Albarracín.
La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo que la Asamblea dará prioridad a ese proceso tras el receso parlamentario que termina la próxima semana.




