Por razones políticas, la vida de Morales no corrió riesgo y, por eso mismo, los exministros asilados en la embajada de México en Bolivia no están en peligro de ser asesinados. Existe una razón por la que el gobierno de Jeanine Áñez ha dispuesto un fuerte control de seguridad sobre esa legación diplomática: el temor de que el exministro Juan Ramón Quintana se fugue del país.

Sobre Quintana pesan graves acusaciones y la que está directamente vinculada a los sucesos de octubre/noviembre es su amenaza de convertir a Bolivia “en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno” si se intentaba sacar del poder a Evo Morales. Ese anuncio, y el de “contar muertos por docenas” —que fue advertencia del exministro Zavaleta— se cumplieron al pie de la letra durante las jornadas de lucha contra el fraude electoral.

Los enfrentamientos entre las personas que protestaban contra el fraude y las fuerzas afines al MAS causaron una treintena de muertos y, siguiendo las líneas que le trazó la defensora del pueblo nombrada por ese partido político, la comisión de la CIDH responsabilizó por esas muertes al actual gobierno.

¿Qué tienen que ver esas versiones con Quintana? Se acusa al exministro de ser el ejecutor de las acciones de violencia, junto a Zavaleta, pero, además, se lo busca por ser el autor intelectual de una serie de acciones que pasan desde el terrorismo de Estado hasta el narcotráfico.

Pero lo realmente inquietante son los vínculos o, peor aún, la versión sin confirmar de que Quintana sería uno de los cabecillas del narcotráfico en Bolivia. La sospecha está vinculada al hecho de que los jefes policiales que fueron detenidos en el exterior por narcotráfico estaban vinculados de una u otra manera con el exministro. Son, también, los casos de Pedro Montenegro y de los clanes Castedo Candia y Lobo que operaban en Beni, el que era territorio de influencia del exministro.

Para confirmar o desmentir esas acusaciones, es necesario que Quintana sea procesado. Eso lo convierte en el tercer hombre más buscado del anterior régimen, solo después de Morales y García.

Eso justifica la vigilancia a la embajada de México.