El Informe de ese organismo europeo, formado por alrededor de veinte naciones del Viejo continente, destaca que la población boliviana percibió desde tiempo atrás el fraude y estableció que “creció la percepción de la progresiva politización y pérdida de capacidad técnica del Tribunal Supremo Electoral”, lo que determinó que el proceso electoral se caracterice “por un contexto de baja confianza pública en la mayoría de las instituciones estatales, incluyendo el TSE y el Poder judicial”.

Igualmente, el informe de la Unión Europea señala en forma concreta numerosos casos de engaño, como rellenado de actas electorales, numerosos errores aritméticos fueron subsanados “por el personal informático, pero no en forma sistemática y sin que mediara supervisión de las autoridades electorales”. Así mismo, el informe observó deficiencias en el sistema informático, la cadena de custodia, la legalidad de la integridad de los formularios de resultados. A la vez confirmó que el análisis estadístico de los resultados finales “mostró que el último cinco por ciento de los resultados tenía una tendencia estadísticamente improbable en la ampliación de las diferencias hasta sobrepasar el 10 por ciento”.

El informe de la Unión Europea es contundente en cuanto refiere, con datos concretos del fraude electoral, que, por otra parte, fueron observados por la Organización de Estados Americanos y la opinión pública boliviana que coincidieron en el criterio de que el dolo electoral fue innegable por parte del gobierno de Evo Morales, que deseaba prorrogarse en el gobierno de manera indefinida.

Esas afirmaciones específicas fueron generalizadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que remarcó que el verdadero golpe de Estado en Bolivia fue el desconocimiento al voto del 21 de febrero de 2016, y que el fraude electoral en Bolivia fue una “vergüenza”, destacando lo siguiente: “La vergüenza no es de la OEA que descubre el fraude electoral; es de aquellos que la cometieron”.

Esa autoridad de la OEA también subrayó que “el fraude fue generalizado” y “que el pueblo boliviano se levantó para defender su soberanía” y que “no se puede pedir a un pueblo que se deje robar la elección, su soberanía, el poder”. Remarcó que “no era lógico, ni jurídicamente ni políticamente que (Evo Morales) se mantenga en el poder luego del fraude” y que “es necesario devolverle (al pueblo boliviano) las máximas garantías posibles”.

Las afirmaciones de la Unión Europea y la OEA coinciden plenamente con la percepción y conclusiones del pueblo boliviano que no solo expulsó al autócrata sino llevó a la cárcel a todos los funcionarios que cometieron el delito flagrante.