Medio: El Diario
Fecha de la publicación: sábado 28 de diciembre de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Nadia Cruz, defensora del Pueblo, Nelson Cox, delegado Defensorial de Cochabamba y a la alcaldesa del municipio de Vinto del MAS, Patricia Arce.
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Según la solicitud de los mencionados, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en La Paz y Cochabamba fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, situación que habría impedido la atención a la población y que los funcionarios de dichas oficinas pudieran realizar sus labores con normalidad.
“La Comisión identifica con especial preocupación los alegados hechos de la oficina de La Paz y Cochabamba en que, durante las manifestaciones, se habría recurrido a ‘reacciones verbales con tono agresivo’, con gritos considerados ‘infamantes a funcionarios de la institución’, buscando generar afinidad política-partidaria de la institución defensorial”, refiere parte del comunicado de prensa.
Tanto Cruz como Cox denunciaron a los policías por realizar declaraciones de desprecio al trabajo de los funcionarios de la Defensoría.
También se acusó a terceras personas por amenazar y pedir la renuncia de Cox durante tres días consecutivos, a fines del mes de noviembre.
La Comisión refirió que también hubo una campaña de desprestigio a la Defensoría del Pueblo de parte de diversos medios de comunicación.
Ante ese panorama, la CIDH considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Estado no permitieron que los riesgos para los mencionados cesen, como para que retomen sus labores con normalidad.
LA ALCALDESA
En el caso de Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, la CIDH observó que la misma y sus hijos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La Comisión recordó que Arce fue retenida por terceras personas el 6 de noviembre (día en que la humillaron cortándole el cabello y lanzándole pintura roja).
Asimismo, señala que no se identificó información que indique cuál es el alcance de la protección a la Alcaldesa y no se sabe si alguno de los agresores fue detenido.
Para este caso, la CIDH solicitó a Bolivia que proteja los derechos a la vida e integridad personal de Patricia Arce y sus hijos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.
