Detalles del caso. Según la querella formalizada este viernes, los actos irregularidades se concentraron en una casa, ubicada en el pasaje Villegas de la zona de Sopocachi, que fue adquirida por la ANH por 2,3 millones de bolivianos el año 2018. 

La denuncia señala que esa casa era usada por "extranjeros entre argentinos, cubanos y venezolanos quienes se dedicaban a realizar tareas de espionaje informático, seguimiento en redes sociales, creación de memes".

Involucrados. Se acusa a los exfuncionarios Luis Fernando Zimon e Iván Canelas Lizárraga (hijo del exgobernador de Cochabamba), de haber sido quienes ordenaban el uso irregular del inmueble.

Señala que incluso estos dos sujetos, Zimon y Canelas, obligaban a los funcionarios a realizar turnos de vigilancia de 24 horas, también los fines de semana, usando pseudónimos como Takeo, Amaru, Salmón y Loco.  La denuncia afirma que Zimon y Canelas impedían el paso de otros funcionarios al primer piso de la casa, pero sí se permitía el ingreso de extranjeros que no podían ser registrados en el libro de novedades.

Entre los extranjeros se logró identificar al argentino Pablo Singolani, a quien se describe como un experto en redes sociales y la creación de memes. 

La querella también acusa al exdirector de la ANH, Gary Medrano, de pretender sonsacar dinero de los sueldos de los funcionarios para cumplir con los salarios de los "guerreros digitales" extranjeros.

Otros implicados en el caso son los exfuncionarios de la ANH, Jaime Carlos Terceros y Vicente Óscar Silva, quien es padre de la diputada Valeria Silva. Se argumenta que ambos tenían conocimiento de la actividad irregular en la Agencia. 

21 de diciembre 
El viceministro de Seguridad Ciudadana confirmó la orden de aprehensión contra Medrano.

Existe una segunda querella formal

El actual ejecutivo de la ANH, Luis Fernando Valverde, acotó en declaraciones a la prensa que se usaba irregularmente ítems de la institución para contratar lo que denominó "hackers".

Asimismo, denunció que el inmueble era usado por ministros como Juan Ramón Quintana como un "refugio de planificación". 

También se presentó una querella contra exfuncionarios quienes articularon la provisión de 200 litros de combustible, a través de una estación de servicio, para la elaboración de bombas Molotov durante los conflictos sociales. Ese caso fue descubierto en instalaciones del Ministerio de Culturas, donde el 9 de noviembre, antes de que renuncie Evo Morales, se encontró a funcionarios elaborando las bombas. La denuncia por este caso apunta también la responsabilidad a la dueña del surtidor Candelaria, quien vendió esos 200 litros de combustible de manera irregular.