Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 27 de diciembre de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Según la solicitud de los mencionados, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en La Paz y Cochabamba, fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, situación que habría impedido la atención a la población y que los funcionarios de dichas oficinas pudieran realizar sus labores con normalidad, según publicó la agencia ANF.
Ante este panorama, la CIDH vio que los más expuestos en este contexto son Cruz y Cox, se analizó el caso y la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo y se resolvió conceder las medidas de protección, según señala la CIDH.
"La Comisión identifica con especial preocupación los alegados hechos de la oficina de La Paz y Cochabamba en que, durante las manifestaciones, se habría recurrido a 'reacciones verbales con tono agresivo', con gritos considerados 'infamantes a funcionarios de la institución', buscando generar afinidad política-partidaria de la institución defensorial", refiere parte del comunicado de prensa.
Alcaldesa de Vinto
A través de un comunicado, el organismo remarcó que se valoró la solicitud que presentó la alcaldesa de Vinto en Cochabamba, donde relata que el pasado 6 de noviembre, fue interceptada y retenida por horas a manos de un grupo de manifestantes, tras haber atacado, destrozado y quemado las dependencias de la Alcaldía que ella preside.
"La solicitud indicó que las terceras personas habrían agredido verbal y físicamente la señora Arce durante el trayecto que estuvo retenida por ellos, hasta que pudo ser rescata por la policía y trasladada a un hospital para su valoración y atención médica", se lee en un documento de la CIDH.
Asimismo, la Comisión afirma que valoró las acciones adoptadas por el Estado boliviano, no obstante, considera que, tras análisis realizado y atendiendo a la seriedad de los hechos, no se identificó información que indique cuál es el alcance de su actual esquema de protección, ni se cuenta con elementos que permitan analizar su idoneidad y efectividad, siendo que la burgomaestre indicó no contar con protección tras lo sucedido en noviembre de 2019.



