Esa es la denuncia que realizó ante el Ministerio Público, ayer viernes, el actual director ejecutivo de la ANH, Luis Fernando Valverde.

“Este inmueble fue adquirido bajo conceptos que no son institucionales, para que funcione una organización de ‘hackers’, con probables intenciones de manipular la información hasta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de dominar las redes sociales con información oscura y de emplear los recursos del Estado. Han hecho contrataciones de personal, con ítems que son de la ANH y de personal especializado”, explicó ayer, Valverde, tras presentar la querella en la ventanilla única de la Fiscalía de La Paz.

Días después de las elecciones celebradas el 20 de octubre, Evo Morales fue proclamado vencedor de las elecciones por un margen de 10,57% de votos sobre su rival Carlos Mesa. Desde el primer día, la población protestó por un posible fraude. Más tarde, el ingeniero informático, Edgar Villegas hizo pública su constatación de posibles irregularidades en el cómputo de las elecciones y que favorecieron al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 5 de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de 45 días de los comicios, dio a conocer su informe, concluyendo que hubo “operaciones dolosas” en las elecciones, que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.

Hay cinco exfuncionarios involucrados en el caso (Gary Medrano, Iván Canelas L., Luis Fernando Vicente Óscar Silva, Jaime Carlos Terceros), pero se conoce que fueron al menos 13 empleados de la ANH que trabajaron en el lugar, además de un grupo de ciudadanos brasileños. En la querella, se menciona al argentino Pablo Singolani. Se los acusa por los delitos de uso indebido de bienes públicos e incumplimiento de deberes.

Otras denuncias

Pero las investigaciones previas que hicieron los actuales funcionarios de la entidad reguladora, que ingresaron en la administración de la presidente del Estado, Jeanine Áñez, descubrieron otras presuntas irregularidades que se realizaron.

Por ejemplo, está el caso de que Medrano autorizó a la Estación de Servicio Candelaria, la venta de 200 litros de combustible al Ministerio de Culturas, que hizo efectivo el exdirector Técnico, Northon Tórrez y que habría adquirido la exministra de Culturas, Wilma Alanoca. La segunda querella criminal que presentó Valverde, señala los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes, fabricación ilícita de explosivos y compra ilegal de diésel, gasolina y gas contra esas autoridades, además de otras ocho personas involucradas.

El director de la ANH también denunció irregularidades en la compra y distribución de 45.000 cocinas, 2.000 hornos semi industriales, 2.000 cocinas de uso semi industrial, 49.000 garrafas, 45.000 válvulas y mangueras de uso doméstico, 4.000 válvulas industriales, que están en depósitos en las diferentes ciudades.

Estos productos se compraron con al menos Bs 30 millones que desembolsó el Ministerio de Economía, que debieron ser utilizados para desastres naturales, pero que fueron distribuidos con afanes proselitistas.

Implicado se defiende

EL DEBER intentó comunicarse con algunos de los involucrados. El exjefe de la Unidad de Comunicación Institucional de la ANH, Óscar Silva, manifestó que no tiene nada que esconder y rechazó la acusación en su contra.

“Me sorprendió la presentación de la querella. Hablan de La Casita y de los guerreros digitales. Pero no tengo conocimiento. No he participado en ninguna de las actividades. Sobre el funcionamiento de la Casita, me enteré a través de los medios y de la gente que hablaba del tema. Mi trabajo fue estrictamente institucional. Tomaré conocimiento y asumiré mi defensa. Es lo que corresponde. Soy abogado y como tal, estoy dispuesto a colaborar”, declaró Silva.