La corrupción, el autoritarismo, la malversación de los ingentes recursos públicos, el hegemonismo y las políticas antiindígenas promotoras del extractivismo, fueron las grandes fracturas que desfondaron la mayor oportunidad histórica que tuvo el país para resolver sus problemas centenarios. Pero el fracaso masista, el agotamiento de su propuesta estatal-gubernamental se visibilizó recién el 21 de febrero cuando el prorroguismo fue derrotado por la mayoría absoluta de los bolivianos, en el referéndum del año 2016.

Esa mayoría le dijo a Evo Morales el 2016 que, al cabo de una década, los grandes problemas del país estaban irresueltos, que se había defraudado la esperanza nacional y que no podía continuar en el gobierno, peor modificando la Constitución.

Desde el gobierno no se leyó el mensaje de las urnas y se enrumbó al abismo.

Se decidió ya no sólo fracturar la ética, las libertades, las instituciones, la economía, lo indígena y la naturaleza; se decidió fracturar la Constitución, el voto y la soberanía popular.

El Tribunal Constitucional, primero el 2017, y el Tribunal Electoral después el 2018, fueron los instrumentos gubernamentales de esa fractura al habilitar a Evo Morales como candidato a un cuarto mandato en las elecciones del 20 de octubre. 

Nunca la mayoría del país aceptó esa imposición y, a lo largo de dos años, de la impotencia se pasó a la bronca. Se había acumulado una conciencia básica de no aceptación del prorroguismo que se expresó de manera masiva el 20 de octubre. 

Ese día un rechazo ciudadano de consistencia y dimensión no prevista, se volcó en las urnas y el gobierno, premeditada y torpemente, apeló al fraude. La mayoría del país se sublevó y, en sólo 20 días de movilización ciudadana democrática, Evo Morales tuvo que renunciar y escapar del país, de manera casi idéntica a otro presidente que tampoco entendió que su tiempo se agotó, que ya era una rémora y que el país no podía estancarse.

No hubo “golpe”, se produjo una sublevación 

Nunca se produjo un “golpe de Estado”. La caída y el desplome del populismo autoritario, históricamente, ha sido el resultado de su agotamiento. No tenía más que ofrecerle al país. El 20 de octubre, agotados, apelaron al fraude grosero que provocó la ira y la sublevación ciudadana, que paralizó al bloque social prebendal y que fisuró la institucionalidad autoritaria. No quedaba sino la renuncia y la fuga. 

No ha habido otra movilización, sublevación o rebelión, parecida en los 37 años de vida democrática y, teniendo en cuenta las distancias históricas, ha sido la mayor en toda la vida del país.

La juventud citadina, aquella que no conoció las infamias de las dictaduras ni las miserias neoliberales, salió a la calle en defensa de su voto, expresando una conciencia nueva antiautoritaria acumulada en causas antes que en ideologías, que se iniciaron en el TIPNIS, que continuaron en el 21-F y que remataron en la defensa de la Chiquitania. 

Fueron los jóvenes y las mujeres el núcleo combatiente qué articuló la movilización de las clases medias irradiándola a todas las ciudades capitales del país, pero además revelando una composición distinta en su seno, donde la presencia juvenil de sectores populares daba cuenta de cambios en los estamentos medios, generados por el propio modelo gubernamental que, a partir de la mayor circulación del excedente, promovió el ascenso y la ampliación de los sectores medios que, sin embargo, para nada se identificaban con el gobierno autoritario.

Pero lo popular no sólo estaba en las movilizaciones juveniles, sino que éstas fisuraron el bloque social prebendal que sustentaba al gobierno. Los fabriles de Cochabamba, los mineros cooperativistas de Potosí, los cocaleros de los Yungas y los gremiales de La Paz le dieron una impronta popular a la revuelta que no pudo ser contrarrestada por movilizaciones tardías y fabricadas por el régimen. 

Los comités cívicos tomaron gran protagonismo como expresión de la efervescencia y la movilización urbana, y desde Santa Cruz se asumió la conducción global dada la cohesión de una resistencia democrática regional casi sin resquicios, que tuvo la capacidad de  medir mejor el pulso nacional a diferencia de la “conducción” política que se entrampó en el cálculo, que se distanció de la movilización y que por lo mismo perdió la calle, escenario definitorio de la crisis.

Los cabildos en todas las ciudades no cesaron durante tres semanas y la consigna de no cansarse ni rendirse resumió  una voluntad nacional mal calibrada por un gobierno que no salió de su perplejidad, que junto a su base prebendal se paralizó en los momentos decisivos, que cedió la calle, que no pudo evitar la fisura en lo popular y que, a partir de ello, sufrió la fisura de la institucionalidad gubernamental con el motín policial y la neutralidad castrense.

De ahí al tardío balbuceo gubernamental, al abandono de la plaza Murillo, núcleo simbólico del poder, a la renuncia y a la fuga, solo fue cuestión de horas que se vivieron como torbellino.

La transición democrática

Se abrió la sucesión constitucional y con ella la transición democrática. Y ésta  es también un proceso con sus complejidades, sus momentos y sus actores. 

¿Qué es lo que se ha desplomado y caído? ¿Es sólo un gobierno, un régimen o es todo un ciclo estatal agotado el que se ha venido abajo? Es esencial plantearse estas interrogantes porque sólo así se podrá encarar integralmente la transición abierta luego del desplome.

Se trata de una transición democrática y por lo mismo su primer momento es un momento electoral, que luego de la sucesión constitucional por la fuga, está encabezado por el gobierno transitorio de la senadora Jeanine Añez, cuyas tareas principales son nuevas elecciones con nuevos jueces electorales, pacificación del país, normalización del aparato gubernamental e iniciodel desmontaje de la estructura gubernamental masista.

La presidenta Jeanine Añez, con el peso de los enfrentamientos y los muertos, con las dificultades de lo imprevisto, de lo improvisado y de lo transitorio, está llevando bien este primer momento de la transición.

Son otros tres los actores principales de más largo alcance de la transición: Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa, que logró más de dos millones de votos que hicieron imposible el fraude; el movimiento cívico que encabezó la sublevación en las calles y que a la cabeza de Fernando Camacho concretó la caída, y el MAS que está derrotado y descabezado pero supérstite.

Es en torno a estos tres actores que se articularán y se desplegarán los hechos nacionales de los meses próximos y la configuración gubernamental futura. Y son ellos los que tienen que encarar de inmediato distintos desafíos, aunque finalmente convergentes en la estructuración de un nuevo sistema de partidos.

Desafíos de los actores

Comunidad Ciudadana tiene que reajustar casi todo su andamiaje, desde su binomio hasta sus listas, pasando por sus estrategias y llegando a su programa.

Carlos Mesa ganó las urnas el 20 de octubre pero casi al día siguiente perdió la calle. Logró dos millones de votantes pero no promovió una nueva opción militante en la gente. 

El voto contra el prorroguismo autoritario y corrupto promovió la votación mesista mucho más que sus listas parlamentarias pobres, o que su composición social distante de lo popular e indígena.

El movimiento cívico encabezado por Camacho tiene que recién “hacerse”. Su audacia, su conexión con la calle y la gente, su manejo de lo simbólico, alcanzaron para promover el empujón final y la caída, pero no alcanzan para mostrarse como proyecto nacional capaz de redefinir las tareas básicas de la reconfiguración gubernamental que el país reclama después de la hecatombe.

Peor si detrás de la audacia se mantienen las prácticas prebendales, recientemente publicitadas, o se oculta una visión conservadora, corporativa y fundamentalista que, conscientemente o no, nos puede devolver a los momentos de las exclusiones étnicas, regionales y clasistas que no sólo inviabilizaron el país, sino que potenciaron y catapultaron al populismo autoritario derrotado y fugado este noviembre.

Y finalmente está el MAS, que tiene que reinventarse.

¿Podrá el MAS encarar un verdadero post-evismo? Podrá relanzar un nuevo proyecto de “cambio” sin el caudillo y su rosca? O lo que es más importante a responder: ¿Qué pasó con su “proceso de cambio”? ¿Cómo es que de esperanza terminó en tragedia? O, recordando otros tiempos, ¿dónde se jodió el MAS?

Porque si el MAS se queda en el revanchismo, en la negación del agotamiento, de las fracturas y del fraude, puede pasar de la caída a la crisis y a la implosión, lapidando las raíces de un proyecto estatal que pudo ser distinto, y una base social popular que se mantiene pese a las traiciones, al prebendalismo, al caudillismo excluyente y al extravío estratégico.

Desechar los revanchismos

Pero así como el MAS  tiene que liberarse del pesado trauma de la caída, eludir el revanchismo atrincherado en la Argentina, desestimar la reiteración del populismo corrupto y autoritario, impulsar nuevos liderazgos y meditar largamente sus errores históricos para sacar de allí una propuesta renovada de su proyecto “comunitario”; así también la sublevación ciudadana, en sus distintas expresiones, tampoco puede tomarse “revancha” desestimando a fardo cerrado todo lo ocurrido en estos 14 años.

 Debe valorarse sobre todo el contenido de la nueva Constitución Política, cuya defensa y reivindicación no puede limitarse al Art. 168 (la no reelección), sino abarcar a lo plurinacional, a la defensa de la madre tierra, a la soberanía nacional, al rol esencial del Estado sobre los recursos naturales, a la verdadera descentralización autonómica, y a la ampliación de los derechos individuales y colectivos.  

Esto debemos remarcarlo saliendo de una movilización que promovió la caída de un régimen nacido hace 14 años como popular, de izquierda y progresista, y aunque al cabo de 14 años la desfiguración ha sido completa, la rebelión ha desplazado el sentido común hacia posiciones conservadoras que, en el enfrentamiento callejero, ha identificado como “enemigos”, no solo a los actores sino a todo su marco discursivo. 

Las transiciones posteriores

Producida la nueva elección nacional, está claro que se abrirá el segundo momento de la transición qué será la “transición gubernamental”, la estructuración de un nuevo gobierno con las complejas tareas de renovar los contenidos básicos de la institucionalidad, de la ética pública y del encaramiento de una crisis latente en la desaceleración económica y la disminución de los recursos, amén del completo desmontaje del masismo, y el encaramiento más sostenido de las tareas de la pacificación con la investigación de las muertes y la reconciliación.

No es fácil aventurar resultados de las elecciones aun no convocadas y menos a partir de encuestas tempraneras luego del incendio sin que se haya disipado el humo. Pero sí es posible anticipar que, en torno a los tres actores descritos se estructurará la gobernabilidad de los próximos cinco años, en base a la concertación democrática, ausentes los dos tercios, la mayoría absoluta y el hegemonismo.

Sin concertación no será posible encarar las urgentes tareas de la renovación que se imponen luego del derrumbe. Además de renovarse la institucionalidad de los poderes públicos y la ética en la función gubernamental, deben renovarse con urgencia los componentes étnicos de una visión verdaderamente plurinacional y debe renovarse una voluntad nacional para la vigencia real de la Constitución que bien puede resumir los avances históricos de este tiempo, pese al vaciamiento, las fracturas y la caída.

Y, sin dudarlo, la vigencia real de la  Constitución y el esfuerzo nacional para lograrlo, serán la guía que nos conduzca al tercer momento, más prolongado de la transición, que es la transición hacia una renovada forma estatal que sí encare a largo plazo las tres enormes exclusiones generadoras de los problemas profundos del país, irresueltos centenariamente: la exclusión social con el racismo y el machismo; la exclusión territorial con el centralismo y el regionalismo y la exclusión económica con el extractivismo.

Toda propuesta estatal de largo alcance tiene que plantearnos la manera de encarar esas exclusiones centenarias en el mediano y largo plazo, y son los antiguos y nuevos actores emergentes de la crisis los primeros responsables, con motivo de las elecciones próximas, los que tienen que aproximar sus programas y ofertas de gobierno a esos desafíos. 

Ojalá que en las propuestas electorales próximas veamos, aunque sea inicialmente, nuevas formas de articular el Estado con el mercado; la producción y el desarrollo con la naturaleza; la libertad con la ley; el pluralismo y la alternancia con el respeto a las mayorías elegidas; las protestas con los acuerdos, la movilización con la participación, la lucha contra la impunidad con la reconciliación.

O sea, la concreción de parámetros de largo aliento que ya no admitan más agotamientos y fracturas y que aseguren la construcción de un país mejor estructurado para todos.