El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU) aceptó la demanda que la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, y determinó que el Tribunal Supremo Electoral la inhabilitó indebidamente y ahora el Estado debe asegurarse de no volver a inhabilitar a ningún candidato y devolverles sus gastos legales en abogados, con un monto económico “adecuado”, cuya cifra no ha sido revelada.

Mediante su cuenta de Twitter, Delgado confirmó la información y señaló que mañana brindará declaraciones al respecto.

El dictamen de las Naciones Unidas, a las que el portal Oxígeno.bo tuvo acceso, establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos por una norma que le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba.

Asimismo, las Naciones Unidas establece que el Gobierno tiene un plazo de 180 días para cumplir con el fallo. Aunque no fija una cifra concreta, sí específica que Delgado debe recibir del Estado boliviano una “compensación adecuada”, que incluya “los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional.

“El Estado parte también tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, incluido asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral”, señala también el fallo de las Naciones Unidas.

Por otro parte, NNUU también exige al Gobierno boliviano brindar información, en un plazo de 180 días, “sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen”.

“Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, lo haga traducir a los idiomas oficiales del Estado parte y le dé amplia difusión”, añade el fallo del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas

La denuncia de Delgado fue presentada en junio del 2015, después de que un reglamento del Tribunal Supremo Electoral le impidiera ser candidata a la Alcaldía cochabambina.

En diciembre de 2014, el TSE emitió un Reglamento que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.

Los siete vocales que firmaron esa resolución fueron Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.

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