“Tenemos un aproximado de Bs 200 millones, un monto mucho menor al que fue ejecutado en las elecciones de octubre pasado. Sin embargo, hemos pedido que nos presenten el presupuesto de forma detallada, con las memorias de cálculo para volver a analizar porque la próxima semana ya se aprobará el presupuesto final”, declaró el vocal luego del cuarto intermedio de sala plena que se realizó en la víspera.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Economía, las elecciones del 20 de octubre pasado requirieron de Bs 217 millones, de los cuales Bs 177,6 millones fueron para los comicios dentro el país y otros Bs 39,3 fueron utilizados para las elecciones en el exterior. Hasta el 2 de enero, las autoridades electorales deben lanzar la convocatoria para los comicios, el calendario electoral y hacer conocer el presupuesto que necesitarán en el proceso.

Pero los dirigentes políticos aseguran que al presupuesto que asignarán los vocales se debe sumar los recursos que serán utilizaron para las elecciones primaria. En ese entonces, el Gobierno destinó Bs 27 millones. Con ese monto el costo de las elecciones de este año alcanzarían a 234 millones de bolivianos.

Los Bs 203 millones que analizan los vocales es una suma similar a la que se utilizó en las elecciones generales de 2014.

El vocal Vargas dijo que el monto de los Bs 203 millones no contempla el empadronamiento en el exterior. Por lo tanto, significa que acudirán a las urnas solo los ciudadanos que estén empadronados hasta octubre de este año. Ese es un punto que deben definir los vocales.

Reunión

Precisamente, uno de los puntos de la reunión nacional del Organismo Electoral Plurinacional (OEP) es el tema económico y, de acuerdo con los vocales, la agenda se completa con la logística y el calendario electoral.

Vargas explicó que los vocales electorales recibirán información sobre los techos presupuestarios a los tribunales departamentales y, por lo tanto, tendrán que adecuarse a esos parámetros. “Hemos pedido que nos presenten la memoria de cálculo para analizar mañana (por hoy) con los tribunales electorales departamentales.Esperamos que surjan algunas propuestas o modificación hasta el próximo lunes”, señaló.

También aclaró que los Bs 203 millones es el presupuesto que les presentaron y que después de la reunión analizarán todo. El lunes harán conocer la cifra final y definitiva.

En el tema de la logística resalta el problema de infraestructura en los tribunales de Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, cuyas edificaciones fueron severamente afectadas después de las elecciones del 20 de octubre pasado.

El caso de Potosí es el más significativo porque todo su edificio fue comprometido a consecuencia del incendio provocado por ciudadanos enfurecidos. En esos hechos se quemaron, incluso, las actas electorales que estaban en proceso de cómputo y el trabajo concluyó con actas fotocopiadas del TREP.

“Estamos tratando de ver las mejores soluciones para los tribunales departamentales que sufrieron serios daños en las jornadas de octubre y noviembre para que tengan las condiciones mínimas, básicas de trabajo”, dijo ayer el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero.

Santa Cruz tiene un 80% de su infraestructura comprometida, y también deben recurrir a los acuerdos con la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) para que facilite los predios necesarios.

Chuquisaca tiene el mismo problema y los vocales de las tres regiones deben plantear alternativas que tienen para salvar este problema que dificulta, incluso, la atención al público en cuanto al Servicio de Registro Cívico (Sereci), que emite los certificados de nacimiento.

El MAS

Tanto el presidente del Órgano Electoral como el vocal Vargas informaron que la sala plena también analiza las demandas que llegaron contra el MAS para que se anule su personería jurídica. Romero aseguró que una respuesta final será emitida hasta la próxima semana cuando concluyan con el análisis de las demandas.

Vargas afirmó que son dos las demandas que llegaron hasta el TSE para que se anule la personería jurídica del MAS. Una está referida a los actos de fraude electoral en los que supuestamente están involucrados los responsables de esa fuerza política, en directa alusión a Evo Morales que figura como presidente del MAS.

Los demandantes piden que se anule la personería jurídica al que fuera hasta hace poco el principal partido político en el país. Las acusaciones son precisamente las de fraude electoral, en referencia al informe de la OEA que detectó “graves irregularidades” durante los comicios de octubre para favorecer al binomio oficialista.