A su vez, también se determinó que la exvocal Lidia Iriarte vaya al penal de Miraflores por el caso del fraude electoral. Así, los seis exmiembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) guardan detención por el fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de octubre.

 Violencia

El juez Santos Ayala fue quien decidió la detención preventiva de Solíz Morales, imputado en calidad de cómplice dentro de la investigación que se le sigue a Evo Morales, Faustino Yucra, Juan Ramón Quintana y otros por sedición y terrorismo.

La fiscal asignada al caso, Heidi Gil Patzi, informó que la detención se debe a que Solíz Morales mantuvo contacto telefónico con el exmandatario días antes del conflicto y hasta pocas jornadas de su detención. La investigadora descartó la intervención de las llamadas de ambas personas.

“Son varias oportunidades en las que se conoció que hubo llamadas entre ambos. El acusado no confirmó la existencia de estas, pero dijo que se mantenía en contacto por ser primos (...) Las llamadas fueron realizadas desde antes de los conflictos hasta hace unos días”, recalcó Gil.

El abogado de Solíz Morales, Jhonatan Vargas, reprochó la decisión del juez Ayala bajo el argumento de que solo se tomó en cuenta registros de llamadas “como cualquier ciudadano” pueden mantener con una persona. El jurista no especificó las razones de los contactos e incluso dijo que el juez no pudo comprobar si su defendido es familiar del expresidente, quien se encuentra con refugio en Argentina.

“El fallo se basó en dos tecnicismos bastante sesgados, se avanzó en criterios y presunciones legales simplemente las cuales no fueron demostradas en ningún momento de la audiencia. Solo se tomó en cuenta el alto flujo de llamadas, eso es todo”, relató Vargas.

Solíz Morales tenía contacto directo con el expresidente y era su principal asistente. Tenía ingreso libre a la residencia presidencial de San Jorge y a la Casa Grande del Pueblo. El imputado trabajó desde 1997 con Evo Morales, cuando el ahora refugiado era legislador. Desde entonces cumplió funciones de mensajero, ujier, chofer, representante personal y, al final, estaba a cargo de todos los aspectos del exmandatario. Además, tenía contacto con ministros y autoridades militares y policiales.

MAS denuncia persecución

El MAS rechazó de inmediato la decisión judicial. El diputado Gonzalo Aguilar consideró que el entorno de Morales sufre una “persecución política” debido a que “solo” existen contactos telefónicos entre familiares.

“Están persiguiendo al entorno de Evo Morales. Es injusto que se haya metido a la cárcel a alguien que solo se haya comunicado con una persona. ¿Es delito comunicarse? Esto es un abuso, es una arbitrariedad”, reprochó Aguilar.

Esa postura fue negada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien recalcó que en la actual administración transitoria no existe ningún tipo de persecución.

“No solo me refiero a este caso (del familiar de Evo Morales) sino a muchos otros. La justicia ahora solo cumple su misión y no tiene ningún tipo presión política como la tenía antes. Este gobierno no está persiguiendo a nadie, solo cumple con su mandato y sus tareas”, aseguró Santamaría.

Fraude electoral

En otra audiencia, la exvocal Lidia Iriarte fue enviada al penal de Miraflores, en La Paz, con detención preventiva. La exautoridad se presentó el viernes en la Fiscalía paceña y fue aprehendida. Se lo acusa de delitos electorales, incumplimiento de deberes y otros ordinarios por el fraude electoral del pasado 20 de octubre.

Así, los seis exvocales ahora guardan detención preventiva en diferentes cárceles. El abogado de Iriarte, Alfredo Estivaris, lamentó la decisión judicial y la forma en cómo se actuó con su defendida. “Hasta media hora antes de la audiencia no se nos notificó, con eso le digo todo”, declaró.

En otro caso, que también se suscitó en los días de conflicto, se dictó una orden de aprehensión contra Gary Medrano, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por supuestamente haber dispuesto el expendio de 200 litros de gasolina a funcionarios del Ministerio de Culturas para la fabricación de bombas molotov.

“Nosotros le decimos (a Medrano) que se ha vuelto un fugitivo de la justicia, porque sabe que tiene responsabilidad ya que apoyó sediciosamente financiando con carburantes e inflamantes para la fabricación de bombas molotov en un garaje del Ministerio de Culturas”, resaltó Santamaría.

Se conoció que Gary Medrano salió hace dos semanas del país rumbo a Lima, Perú, vía terrestre por la frontera de Desaguadero. Además, el exfuncionario, ligado al exministro Juan Ramón Quintana, estaría en la embajada de México en la capital peruana.