Entre otros temas de balance y aprendizaje, las fallidas elecciones del 20 de octubre —declaradas “sin efecto legal”— dejaron un organismo electoral desmantelado, con todas sus autoridades procesadas penalmente y varias de ellas hoy privadas de libertad. La acusación por diferentes delitos electorales tiene como fundamento el informe de la auditoría de la OEA, que dijo mucho sobre la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un sistema meramente informativo, y casi nada sobre el sistema de cómputo, única fuente oficial de resultados.

Los nuevos tribunales en ejercicio son ciertamente esenciales para la recomposición de la institucionalidad electoral en el país. Condición necesaria, pero no suficiente. Además de cuidar aspectos técnicos, es fundamental que la nueva generación de vocales, más allá de sus antecedentes laborales y sus amistades, administren elecciones transparentes, plurales y competitivas. Ello no será posible sin la existencia de garantías plenas para la participación de todos los actores políticos en el país.

En este recorrido, el siguiente paso es la pronta convocatoria a los comicios generales, que deben realizarse máximo el 10 de mayo. Con carácter previo a la convocatoria, la Sala Plena del TSE debe aprobar el plan operativo electoral, incluyendo el presupuesto, así como los reglamentos que regirán el proceso. Necesita recomponer también sus direcciones, barridas por la anterior administración. Y debe resolver la situación de cinco tribunales departamentales quemados y uno saqueado como parte de la movilización de las “pititas”.

La buena noticia es que se descartó la riesgosa idea de juntar las elecciones generales con los comicios subnacionales, de suyo complejos. Estos últimos se realizarán en el segundo semestre del año, una vez que tengamos nuevamente presidente electo. En tal ruta está en curso una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional a fin de disipar el camino para la prórroga de mandato de todos los gobernantes y representantes, tanto a nivel nacional como en los ámbitos departamental y municipal.

Claro que, más allá de plazos y formalidades legales, es evidente que no hay ninguna posibilidad de tener elecciones democráticas el 2020 sin libertades y garantías para todas las fuerzas políticas que esperan postular candidaturas, incluido el MAS-IPSP. Por ello, es fundamental que el TSE, en abono de su imparcialidad e independencia, antes de lanzar la convocatoria y el calendario electoral exija al Gobierno provisorio el cese de toda forma de asedio y persecución político-judicial en el país.