Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado, el Gobierno transitorio comenzó con la revisión de la documentación en ministerios, empresas estatales y otras instancias, por lo que se fue develando presuntos delitos.

El expresidente es acusado por sedición y terrorismo. El 20 de noviembre la Fiscalía ordenó el inicio de oficio de las acciones legales que correspondan. La denuncia se dio por un video donde se ve a Faustino Yucra, dirigente del MAS, conversar con el expresidente y coordinar un cerco a las ciudades para impedir el ingreso de alimentos.

La denuncia se amplió a Hernán Soliz Morales, quien fue asistente en el Ministerio de la Presidencia. Asimismo, la exjefa del gabinete de Morales, Patricia Hermosa, es investigada por el mismo caso.

Luego de conocer esa denuncia, se inició otro proceso en contra del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado por el delito de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Asimismo, se amplió la investigación al asambleísta Gustavo Torrico y al exministro de Defensa, Javier Zabaleta.

El Gobierno transitorio también inició otros procesos en contra de exfuncionarios por presuntos daños económicos al Estado.

En el Ministerio de Comunicación por la contratación de la empresa Neurona Consulting se inició una investigación en contra de la exministra Gisela López y otras 22 personas.

Las observaciones se dan por la detección de irregularidades en la contratación de los servicios de la empresa mexicana. El daño económico al Estado sería de aproximadamente 13 millones de bolivianos.

Para el grupo de 22 personas sospechosas se establece la presunta comisión de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Los investigados tienen una imputación y actualmente cuatro de ellas cumplen detención domiciliaria.

El seguimiento se hizo en varias empresas del Estado y las denuncias sobre malos manejos puso a varias en la mira. Respecto a Entel, se explicó que la empresa sufrió pérdidas por más de 1.700 millones de bolivianos.

El hecho compromete al exministro de Obras Públicas, Óscar Coca, y a cuatro de sus colaboradores. Los delitos son concusión, coacción y beneficios a razón del cargo.

Otro caso relevante es el de la Administrador Boliviana de Carreteras (ABC), en la que se observa la gestión de proyectos. Las auditorías dan cuenta de un posible daño económico de 81 millones de bolivianos.

14 delitos bajo observación. Los implicados son observados por delitos como terrorismo o favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

NEMESIA ACHACOLLO VUELVE A LA CÁRCEL

Tras la acusación de malversación de recursos en el Fondo Indígena y luego de la reactivación del juicio en contra de la exministra Nemesia Achacollo, se determinó su detención en el penal de Miraflores, en La Paz.

La exautoridad fue detenida en agosto de 2016 y luego de un año en la cárcel se dispuso su arresto domiciliario en Montero.

Achacollo, tras la decisión del juzgado, señaló que se comete una injusticia en su contra y que la acción realizada es una “revancha”. La exautoridad ratificó su inocencia y afirmó que ella no se llevó el dinero del Fondo Indígena.

INVESTIGAN A KALIMAN POR INCUMPLIMIENTO

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, es investigado por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes debido a una acción tardía en los conflictos de noviembre.

Kaliman se presentó el pasado lunes ante el Ministerio Público y tras su declaración informativa fue liberado porque acreditó domicilio, trabajo y familia.

Fue denunciado por no haber sostenido una reacción oportuna de las FFAA ante hechos de vandalismo, tras la renuncia de Evo Morales.