Lo anterior no solo se traduce en un nuevo esquema de derechos sino que tiene efectos en las prácticas políticas y en la transformación de las instituciones. Así, el Estado plurinacional se asienta en dos pilares: democracia intercultural y autonomías indígena originario campesinas. La democracia intercultural es un dispositivo jurídico e ideológico que define el carácter plural de la democracia boliviana: “La democracia intercultural… se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria” (Art.7, Ley de Régimen Electoral).

La democracia intercultural vincula la democracia en su acepción liberal y minimalista —entendida como el mecanismo para la elección de autoridades a través de procedimientos como el voto secreto y universal— con los usos, costumbres y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas. Las autonomías indígenas son espacios territoriales donde es posible generar instituciones que se adaptan a la diversidad de la sociedad boliviana y que a su vez exigen que el Estado se ajuste a la pluralidad de sujetos y experiencias históricas de su gente.

Estos temas no fueron discutidos en el proceso electoral que culminó el 20 de octubre. El MAS, en su lucha por legitimar la candidatura de Morales, rescató los logros de crecimiento económico y estabilidad. Por su lado, los candidatos opositores desplegaron una campaña electoral que no solo ignoró el Estado plurinacional, sino que fue cuestionado y reducido a uno más de los proyectos del MAS que debía ser desmantelado.

Si bien las posturas que rechazan el Estado plurinacional no son nuevas y ya se expresaron durante la redacción de la nueva Constitución y en el referendo constitucional del 2009, en esta ocasión los discursos de los candidatos opositores al MAS tuvieron como eje el rechazo al Estado plurinacional. Para Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, “el denominativo de Estado plurinacional representa una visión, sin duda, pero no abandona las premisas republicanas y democráticas incluidas en el texto que define la naturaleza de nuestra nación” (Las claves del 6 de agosto, Pagina Siete, 7 de agosto de 2018). Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad, se refirió a la reconstrucción de la república y la combinación de valores democráticos con valores cristianos (La Patria, 29 de noviembre de 2018) y Óscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social (NdeE: en el proceso electoral, Ortiz se postuló bajo la alianza Bolivia dijo No), habló de federalismo y profundización de las autonomías departamentales.

Si bien era unánime el rechazo al Estado plurinacional como modelo, la oposición nunca debatió las reformas para salir de aquel modelo o sobre las consecuencias respecto a los pilares del Estado Plurinacional: los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, la democracia intercultural y las autonomías indígenas. Las referencias críticas al Estado plurinacional se quedaron en lo abstracto, no reconocieron sus logros, tampoco explicaron sus dificultades y, sobre todo, no reconocieron al Estado plurinacional como modelo político e institucional representativo de la diversidad social.

Se suponía que las elecciones del 20 de octubre definirían la continuidad del “proceso de cambio” y con esto, el cuestionamiento al Estado plurinacional. En la incertidumbre, tras el corte de la transmisión de los resultados preliminares, Morales confiaba en que el voto rural le daría la victoria en primera vuelta, mientras que Mesa llamaba a defender la democracia contra el “fraude”. Al pasar los días, se evidenció la presencia de nuevos actores que protagonizaron las protestas contra el supuesto fraude. Volvió a escena un discurso opositor que apelaba a la rectitud procedimental, a la democracia mínima; en la otra orilla, los sectores populares, indígenas y campesinos clamaban por la defensa de su voto.

El 10 de noviembre, tras la renuncia de Morales a la presidencia, los protagonistas del golpe de Estado (Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, dirigentes cívicos), con el apoyo y protección de la Policía y las Fuerzas Armadas, entraron al Palacio de Gobierno, extendieron la bandera de Bolivia en el suelo y sobre ella, una Biblia.

Como si se tratase de un mismo ritual, el 13 de noviembre, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina y fue investida por un militar, para luego dirigirse al Palacio de Gobierno con una enorme Biblia en las manos, diciendo que “gracias a Dios que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio; que él nos bendiga e ilumine”. Los siguientes días, la quema del símbolo de las naciones y pueblos indígenas, la wiphala, fue un acto repetido no solo por personas enardecidas, sino por la Policía Boliviana que, después de haberse amotinado, se sumó a la insurrección contra el supuesto fraude, junto con sectores medios urbanos.

Pobladores de El Alto, Cochabamba y de otras ciudades y áreas rurales, sin ser parte orgánica del MAS, se sintieron interpelados por la agresión y protestaron masivamente. La Policía pidió disculpas por la quema de la wiphala, y el dirigente cívico Luis Fernando Camacho confesó en una entrevista realizada en Washington el 12 de diciembre: “Asumo la ignorancia de creer que la wiphala reflejaba al MAS cuando la wiphala reflejaba a los indígenas y, soy consciente, lo desconocía”.

Más allá de los actos simbólicos, existe un nuevo escenario que pone en riesgo y amenaza los logros y conquistas de las naciones y pueblos indígenas. Las masacres de Sacaba en Cochabamba el 16 de noviembre y Senkata en El Alto el 19 de noviembre, así como el hostigamiento a la población del trópico cochabambino a través del Ministerio de Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas, fueron el punto inicial de la criminalización de sectores sociales afines al MAS, lo que se extiende en un discurso que va de la mano con la defensa de la democracia.

Lo que estará en juego de cara a las nuevas elecciones —aparte de la disputa del poder gubernamental— no es solo la estructura legal y normativa del Estado plurinacional, sino el esquema de ciudadanía y los vínculos que sostienen a la comunidad política. Las reformas que se puedan hacer al modelo de Estado definirán ese esquema y, sobre todo, el futuro de las posibilidades de experimentación democrática (como la democracia intercultural y las autonomías indígenas) que permitan garantizar el vínculo entre democracia e interculturalidad en igualdad de condiciones. Se trata de pensar más allá de la coyuntura política.