Según el artículo 24 de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales, promulgada el 24 de noviembre por la presidenta Jeanine Áñez, "Dircabi otorgará al Órgano Electoral Plurinacional bienes inmuebles y bienes muebles en calidad de comodato para el funcionamiento de las dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales que lo requieran de manera directa".

En el conflicto que estalló en el país tras las elecciones del 20 de octubre, que después fueron anuladas por fraude, las oficinas de los tribunales departamentales electorales de Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí sufrieron los mayores daños.

Según el vocal del TSE, Francisco Vargas, citado por El Deber, el 80% de la infraestructura en Santa Cruz fue dañada, el 100% de la de Potosí y en el caso de Chuquisaca también se reportan daños.

Tras la elección y posesión de los vocales electorales nacionales y departamentales, el TSE trabaja en organizar los comicios de 2002 cuya convocatoria, que incluirá la fecha de esa cita democrática, debe conocerse en enero.