Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: miércoles 18 de abril de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
"El MAS no perdona que José María Leyes haya ido hasta La Haya a defender el 21F, no perdonan que hayamos ido hasta el Parlamento Europeo a denunciar que se está vulnerando el voto del pueblo, no perdonan que hayamos apoyado los paros ciudadanos contundentes, el MAS no perdona que defendamos el voto del pueblo", señaló la autoridad en conferencia de prensa.
El opositor enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por la adquisición de 91.000 mochilas escolares por 12,4 millones de bolivianos a la Asociación 26 de Febrero, con un supuesto sobreprecio.
Anticipó que el viernes, cuando acuda a declarar por ese caso ante la Fiscalía, a las 17:30, minutos antes del inicio del fin de semana, "van a tratar de detenerme, de encarcelarme para dar un golpe a la Alcaldía de Cochabamba, porque el MAS ya tiene su candidato para que asuma la Alcaldía, quieren encarcelarme y que Celima Torrico asuma como alcaldesa, esa es la estrategia del MAS".
Reiteró que el lunes, cuando la bancada de Demócratas difundió audios de supuestos masistas urdiendo contra su gestión, quedó develado "un plan macabro, perverso, orquestado por el MAS para atacar y destruir a los liderazgos de los Demócratas, al Alcalde de Cochabamba e incluso al Gobernador de Santa Cruz (Rubén Costas)".
Ayer mismo, Costas –líder de la fuerza opositora Movimiento Social Demócratas (MSD)–, llamó al pueblo de Cochabamba a defender a su Alcalde legítimamente electo de una conspiración, según él, "armada por el Gobierno".
"Esta escandalosa trama tiene como objeto el desalojo y encarcelamiento de Leyes", agregó al calificar como un “martirio” lo que vive el Alcalde cochabambino.
“Exijo al presidente (Evo) Morales que desautorice a los implicados en esta trama o asuma la responsabilidad de estar al frente de esta conspiración antidemocrática”, complementó Costas, un férreo opositor al Gobierno.
EL "CASO MOCHILAS"
Leyes declarará ante la Fiscalía por el caso denominado “Mochilas Chinas”, referido a la compra con presunto sobreprecio de más de 90.000 mochilas del país asiático.
La Asociación Accidental 26 de febrero se hizo de la licitación, siendo que otra de las proponentes ofrecía precios inferiores, pero fue descalificada por no llevar los logotipos de las muestras impresas.
La empresa MSPC SRL es parte de la asociación accidental y ya había ganado al menos 15 licitaciones de cemento asfáltico desde 2015. Su propietario, René Juan de Dios Morales Espinoza, trabajó en la Aduana hasta el 2015, según consta en su Declaración Jurada de Bienes, en la que declara un patrimonio de Bs 1.363.400.
La investigación es impulsada por el Ministerio de Justicia.
El proceso también llevó ayer a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), en voz de su presidente monseñor Ricardo Centellas, a pedir que el Ministerio Público realice una investigación rápida.
"Siempre hemos proclamado y exigimos que ante cualquier hecho que siembre duda la investigación debe ser por parte de la cuestión pública lo más antes posible", manifestó Centellas.
Torrico sonríe y pide a Alcalde asumir defensa
La concejal del MAS en Cochabamba, Celima Torrico, solicitó al alcalde José María Leyes no "distraer" a la población y aclarar el caso mochilas. Además, se limitó a sonreír cuando se le indicó que puede ocupar el cargo de Alcaldesa interina.
"Para empezar (risas), decía que no he escuchado sus declaraciones. Cochabamba eligió a José María Leyes, tiene que esclarecer y el Ministerio Público debe investigar, que no venga a distraer con sus declaraciones", aseveró la hoy concejala y ex Ministra de Justicia.
Reiteró que Leyes debe aclarar "dónde están los 10 millones de bolivianos, lo demás es para distraer y confundir. Entendemos que aquí hay un grupo de aliados que, como un show, quieren distraer a la población".
Por otra parte, la edil oficialista informó que inició un proceso penal contra el senador de UD, Arturo Murillo, quien la acusó de haber impulsado un pacto de silencio por el linchamiento y asesinato de tres policías en Epizana, en 2008.
“La querella es por los delitos contra mi honor, calumnias, injuria y difamación contra Arturo Murillo, la concejal Rosmery Llusco y la funcionaria de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García”, indicó.