Además de que se terminó de dar por descartado una posible unión de los frentes opositores para conformar un sólo bloque contra el Movimiento Al Socialismo (MAS).

A medida que avanzaban los días rumbo a las elecciones nacionales, la población se adueñaba de la incertidumbre y del rechazo al trabajo del entonces Gobierno de Evo Morales.

Polémica preelectoral

La etapa preelectoral de cara a octubre 2019, se marcó con la desconfianza poblacional.

Esto debido a que en cada semana, se fueron sumando las renuncias voluntarias de altos funcionarios indispensables del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para no ser parte de la administración de los comicios nacionales.

Por si fuera poco, en el periodo de empadronamiento para los nuevos votantes, se registraron hechos que dejaron más dudas en los electores sobre la transparencia del proceso electoral.

En algunas regiones del país se denunciaron acarreos de personas hacia comunidades u otras ciudades para que se empadronen de manera irregular. Estos sitios fueron descubiertos por la misma población, que después de hacer pública la situación se conocía que funcionarios del órgano electoral y autoridades relacionadas al partido del MAS estaban involucradas en la ilegalidad.

A ésto se sumó la molestia de la población por el uso irregular de bienes del Estado o actos gubernamentales, como oportunidad para campaña política electoral del binomio del MAS en carrera Evo – Álvaro.

Acusaciones y desconfianza

Desde la oposición, algunos partidos políticos, tampoco tuvieron un camino suave.

En Comunidad Ciudadana (CC) el frente que le daba pelea con mayor apoyo de la población, enfrentó acusaciones de depósito bancarios a PAT entre 2002 y 2003 cuando Carlos Mesa,  aún formaba parte de ese medio de comunicación.

Además de ello, también se lo involucró con una supuesta transacción irregular del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) cruceña, Gonzalo Medina a Mesa por la compra de un inmueble en La Paz. 

Aunque desde CC tanto los candidatos del binomio presidencial, como los postulantes a otros cargos legislativos, salieron en reiteradas ocasiones a hablar sobre el tema y desmentir irregularidades, sin duda fue uno de los peores momentos electorales que enfrentó CC.

Por otro lado, en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) su candidato a presidente, Jaime Paz Zamora, decide dar un paso al costado, al no haberse concretado un sólo frente político opositor al MAS, dejando vacío en la postulación a la presidencia para dicho frente.

21F protagonista a nivel nacional e internacional 

En tanto y de forma paralela a la situación que enfrentaban los partidos políticos en carrera electoral, la sociedad civil organizada mediante las Plataformas ciudadanas defensoras del 21F, reforzaban sus protestas con marchas y concentraciones en el TSE y los nueve Tribunales  Electoral Departamental (TED).

Pero el 21F volvió a tomar mayor protagonismo, cuando a nivel internacional en el Senado de Estados Unidos (EEUU) se declaró que Bolivia debía de respetar el voto de los bolivianos contra la reelección de Evo Morales. Pese a ello, en contra posición, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se desestimó el 21F, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llegó a Bolivia y expresó su apoyo a Evo Morales en su repostulación.

"si el tema se va a resolver hoy en el Sistema Interamericano con el nombre de Evo Morales, y decir que Evo Morales hoy no puede participar eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos", expresó Almagro en Bolivia.

Esta situación fue uno de los detonantes para la población boliviana, que inmediatamente en junio se empezó a organizar convocados por sus Comités Cívico, para encarar la defensa del 21F.

En Santa Cruz, la Asamblea de la cruceñidad, determinó ir a un paro cívico de 24 horas con bloqueos de carreteras en la región.

Un juicio de una década

Pero, más allá de las elecciones, en éste año el país, recordó el polémico juicio del Caso Rózsa, cuando éste cumplía 10 años de ventilarse en las salas judiciales con varias críticas y acusaciones con dudosas pruebas.

Los procesados ratificaron que éste proceso fue un caso armado por el Gobierno de Evo Morales, con el afán de amedrentar a los bolivianos y cruceños en particular, argumentando terrorismo para atentar contra la vida del entonces presidente Morales.

Hasta abril de éste año, sólo dos personas continuaban en calidad de detenidos preventivos en el penal de Palmasola, mientras que el resto se defendía en libertad.

Situación de preocupación

En éste periodo del año, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), dio a conocer que en Bolivia desde el año 2010 al 2018 se registraron  631 agresiones a la actividad periodística y la prensa escrita, según la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia.