La exvocal está sindicada por los delitos de corrupción y  fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. 

Iriarte estará en la cárcel de Miraflores junto a su excolega Lucy Cruz, designada en junio de 2015 como vocal del TSE por el entonces presidente Evo Morales, hoy refugiado en Argentina. 

En la audiencia de medidas cautelares,  la defensa de Iriarte no logró desvirtuar los riesgos procesales, por lo que la jueza Lima determinó remitirla al penal de Miraflores.

Iriarte asumió el cargo de vocal electoral el 7 de noviembre de 2018, tras la renuncia de Katia Uriona, la exvocal del denominado bloque institucional del TSE. La mañana del viernes Iriarte fue aprehendida después de más de un mes de ser declarada prófuga de la justicia.

Alfredo Estívaris, abogado de Iriarte, explicó que su cliente estuvo en el Órgano Electoral menos de un año, pero que asumirá su defensa porque “no queda más que afrontar el proceso que viene”, manifestó. 

El 19 de noviembre, un juez anticorrupción de la zona Sur de La Paz ya determinó la detención preventiva del esposo y la hermana de la exvocal Iriarte. 

Ambos familiares fueron aprehendidos por una acción directa ejecutada por la Fiscalía, luego de una denuncia de uso de un vehículo oficial asignado a Iriarte para el traslado de objetos personales de manera irregular del domicilio de la vocal a otra zona.

Los seis vocales, que formaron parte del TSE durante el proceso electoral de los comicios del 20 de octubre, se encuentran con detención preventiva en diferentes recintos penitenciarios. 

María Eugenia Choque, la expresidenta del TSE, está en la cárcel de Obrajes en La Paz; Antonio Costas e Idelfonso Mamani en el penal de San Pedro; Lucy Cruz, designada por Evo Morales, en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz;  y Édgar Gonzales en un penal de Cochabamba.

El informe preliminar de auditoría técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificó irregularidades en las elecciones de octubre. Frente a ello la Fiscalía activó de oficio una investigación por delitos ordinarios, electorales y vinculados a corrupción.

Ante la consulta sobre la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Iriarte, en un breve contacto con los medios de comunicación cuando fue aprehendida,  señaló que sólo se comprometieron a dar los datos al 80%. La auditoría de expertos de la OEA informó que se paralizó de manera intencional el TREP al 83,76% de las actas verificadas y ocultó el  5,58% que ya se encontraba en el sistema.