ONU da razón a disidentes del MAS vetados para candidatear

El Comité de DDHH indica que el Estado boliviano vulneró los derechos políticos al frenar sus candidaturas a las alcaldías de Potosí y Cochabamba.

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Página Siete  / La Paz

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aceptó las demandas presentadas por los exdiputados del MAS Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado contra el Estado boliviano por violación de derechos políticos.

Ambos parlamentarios pertenecieron a las filas del partido del presidente Evo Morales, pero por varias circunstancias fueron marcando distancia y en 2014 decidieron postular a cargos ejecutivos de los gobiernos locales de Potosí y Cochabamba, pero fueron impedidos de postular por medidas dictadas por  el entonces Tribunal Supremo Electoral, entonces afín al MAS.

  Los dictámenes fueron emitidos el 28 de marzo de 2018 y concretamente señala que el Estado boliviano  violó los derechos políticos y cívicos de ambos ciudadanos por lo que el Estado podría ser obligado a pagar una compensación económica.  
 
Se trata de  otro gancho jurídico contra el presidente Evo Morales, quien representa en este caso al Estado. Primero fue la admisión de la demanda de la CIDH por el caso terrorismo y el pronunciamiento de la Comisión de Venecia en contra de la reelección perpetua.

El dictamen, aprobado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace un repaso a los antecedentes del caso. El Tribunal Supremo Electoral en 2014 le impidió ser candidata a alcaldesa de Cochabamba con la famosa circular 071/2014 que prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015 postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador  y asambleísta departamental.

Delgado y Maldonado fueron diputados del MAS en ese periodo legislativo por lo que fueron inhabilitados con una circular que es una comunicación administrativa frente a una ley y la Constitución Política del Estado que no prevén ninguna prohibición para la postulación a cargos electivos después de ejercer el cargo de diputado.

Por si fuera poco el candado de la circular 071, en diciembre de 2014 el TSE emitió ante presión política del Gobierno  un “reglamento” inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.

Maldonado y Delgado postulaban a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, y fueron inhabilitados al igual que otros diputados o senadores disidentes del MAS, entre ellos Edwin Tupa, que vivieron en La Paz durante el periodo legislativo.

Los siete vocales que firmaron la polémica resolución fueron Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes, quienes terminaron renunciando a sus cargos por una gestión bochornosa y por sus vínculos con el MAS.

“En consecuencia, la inhabilitación de la autora como candidata a alcaldesa en las elecciones de 2015 constituyó una restricción indebida a sus derechos contenidos en el artículo 25 del Pacto, en violación de dicha provisión”, indica la resolución en el caso de Rebeca Delgado.

El precepto en cuestión indica que todos  los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Para Maldonado se aplica el mismo razonamiento. El Estado violó los derechos políticos de ambos ciudadanos bolivianos.