La conformación de una Corte Nacional Electoral (CNE) integrada exclusivamente por notables; es decir, ciudadanos bolivianos de reconocida trayectoria y con probada capacidad para el ejercicio del cargo, fue la mejor salida para una crisis que había sido provocada precisamente por las triquiñuelas de unos vocales, la tristemente célebre “banda de los cuatro”, que habían manipulado el voto y causaron la justificada desconfianza de la gente en esa institución.
Para reparar esa confianza, se convocó a cinco ciudadanos tan notables que nadie cuestionó sus nombramientos. Alcira Espinoza, Huáscar Cajías, Jorge Lazarte, Iván Guzmán de Rojas y Rolando Costas Arduz fueron designados de manera directa, sin que ninguno de ellos tenga que pasar por la vergüenza de llevar sus documentos a ninguna instancia, como desempleados pidiendo trabajo. Un procedimiento similar se siguió para las cortes departamentales.
El resultado fue tan “notable” que la crisis fue superada. La gente acudió confiada a las urnas y recuperó la confianza en la CNE, una credibilidad que duró hasta que los políticos no pudieron resistir la tentación de meter la cola y volvieron a nombrar a sus acólitos.
Bolivia vivió este 2019 una de las crisis más graves de su historia y la primera que abarcó a todo el territorio nacional. Como indicamos ayer, en este mismo espacio, el fraude electoral más grande de nuestra historia, y el más escandaloso, sumió en la ignominia al ahora denominado Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para superar la crisis, se imponía la misma solución que la de 1991: la convocatoria a notables que garanticen la limpieza de las próximas elecciones.

“Recuperar la credibilidad del Órgano Electoral no será nada fácil. Para lograrlo, sería necesaria una política de shock; es decir, medidas radicales y extremas que demuestren de manera inequívoca que se está cambiando, o bien un proceso de mediano plazo que permita que la gente vuelva a confiar en este poder del Estado”, habíamos publicado.
Sin embargo, nada de eso ocurrió y el resultado es que ahora tenemos un TSE en el que lo notable es que no está integrado por notables. A Salvador Romero, que fue designado directamente por la presidenta Jeanine Áñez, hay que sumar a Óscar Hassenteufel quien es conocido, particularmente en Sucre, por su paso por la entonces denominada Corte Suprema de Justicia. Este, que es resultado del proceso de selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la excepción que confirma la regla.
Si es que se hubiera optado por una salida directa; es decir, una ley de excepción que permita designar nuevamente a ciudadanos notables, es muy probable que Hassenteufel también hubiera integrado el próximo TSE. Y a él se hubiera podido sumar, por ejemplo, a Edgar Villegas, el ingeniero informático que demostró científicamente el fraude electoral. Él hubiera sido un aporte tanto o más importante que el de Guzmán de Rojas, que también se ocupó del área informática en la corte de notables, pero fue inhabilitado de la lista de postulantes debido a que no tenía libreta del servicio militar. Anacrónica exigencia en un país que se ha declarado neutral en su Constitución Política del Estado.
Pero un Órgano Electoral de notables ya no será posible y peor aún en los tribunales departamentales. El gobierno de Áñez, al que el masismo acusa de ilegal, decidió cumplir lo que dicen la Constitución y las leyes.
Y así nos está yendo