La que sí no está de acuerdo con ser nombrada como su sucesora es Celima Torrico. La concejala del MAS y exministra de Justicia dijo ayer, molesta, que Leyes sabe bien que ella no puede ser alcaldesa porque su partido tiene mayoría en el Concejo Municipal y, de concretarse la ‘traición’ de un concejal, como lo afirmaron el lunes funcionarios y aliados de Leyes, tampoco podrían elegir a Torrico, ya que según la ley, el sucesor de un alcalde que por algún motivo tenga que alejarse momentáneamente de su puesto -por licencia, viaje o detención preventiva en un proceso judicial- debe ser un concejal de la misma tienda política.

Fue luego de aclarar esto que Celima Torrico denunció que la bancada de Leyes presentó un proyecto de ley municipal que le permitiría seguir gobernando la ciudad del valle por 90 días después de una posible detención. 

“Se hace la burla de los cochabambinos. Quieren echar la culpa al vecino y la casa está llena de ratas. Quieren distraer (los Demócratas), son mayoría y tienen que terminar su gestión cumpliendo las normativas”, aseguró Torrico. 

Consultado sobre si era cierto que la bancada de Demócratas en el Concejo de la Llajta había presentado esta ley, un alto funcionario de la administración de leyes explicó que el proyecto ingresó el lunes para su tratamiento, pero pidió mantener su nombre en reserva, ya que se esperaba que el único funcionario que declarase en la jornada sea el propio alcalde.  

Leyes debe presentarse a declarar en calidad de indagado por un supuesto sobreprecio de Bs 10 millones por la compra de mochilas y útiles escolares desde China, que en realidad tenían un costo apenas superior a los Bs 2 millones y fue adjudicada mediante una licitación por Bs 12,4 millones a la Asociación Accidental 26 de Febrero. Esta asociación estaba conformada por la empresa cochabambina MSPC SRL y la cruceña Mane Comp. 

La ley municipal
Según el documento proporcionado por Torrico, la intención del proyecto de ley municipal presentado por la bancada de Leyes es sumar una causal de suplencia del cargo del alcalde. A las suplencias por salud se le suma la causal “como consecuencia de una autoridad judicial o instancia competente”. Se establece que el Concejo, por mayoría absoluta de votos, designará al suplente del alcalde respetando la voluntad del soberano, eligiéndolo de entre los concejales titulares o en ejercicio de la misma tienda política que el titular.

Hasta ese punto, se sigue la lógica aplicada en el resto de los municipios, pero Torrico asegura que el fondo de esta norma es que Leyes pueda seguir gobernando desde la cárcel, si es que se le dicta prisión preventiva por los delitos que se lo investiga. El artículo 6 de este proyecto de ley, que podría ser tratado hoy por el pleno, reglamenta que “en los casos que se produzca un impedimento temporal emergente de una decisión de autoridad judicial o instancia competente, al considerarse un factor ajeno y externo a la voluntad de la autoridad electa, en el marco de la autonomía municipal no se constituye en suspensión temporal o definitiva del mandato del alcalde”. Con ello, se pretende que continúe en el ejercicio de sus funciones por al menos 90 días calendario luego de la decisión judicial. Luego de transcurrido ese tiempo, el Concejo podrá designar un suplente.

Para Torrico, este proyecto de ley no se enmarca en la Constitución. Cita el artículo 286 de la Carta Magna para afirmar que este tipo de precisiones solo se pueden hacer sobre la base de la Carta Orgánica. Para desvirtuar que ella pueda ser alcaldesa en caso de suspensión de
Leyes, cita el artículo 16 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, en el que se aclara: “La concejala o el concejal designado (como alcalde suplente) debe ser del mismo partido político, agrupación ciudadana u organización de la nación o pueblo indígena originario campesino, al cual pertenece la alcaldesa o el alcalde”. Eso la inhabilita.

Según explicó hace unas semanas Álex Contreras, secretario del Ejecutivo de Leyes, el alcalde tiene 22 denuncias en su contra antes del caso mochilas y ningún proceso lo ha alejado del cargo. Al parecer, Leyes entiende que es muy probable que quede detenido este viernes. Lo mismo piensa el entorno político de Demócratas. 

De hecho, tras la defensa que habían hecho el lunes un senador y un secretario de la Gobernación de Santa Cruz, ayer el que salió a respaldar a
Leyes (que es segundo vicepresidente del Movimiento Demócrata Social) fue Rubén Costas. En un comunicado de prensa leído en la Plaza del Estudiante -debía asistir a una audiencia en el Palacio de Justicia- Costas convocó al pueblo de Cochabamba a defender a Leyes. “Esta escandalosa trama tiene como objeto el desalojo y encarcelamiento de Leyes”, dijo.

Ministerio de Justicia será parte querellante en el caso mochilas de la alcaldía de Oruro

El Gobierno admitió la denuncia de concejales municipales de Oruro contra el alcalde Édgar Bazán (Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria) por haber incurrido en un presunto acto de corrupción al haber comprado mochilas escolares con sobreprecio, un caso similar al ocurrido en Cochabamba con el alcalde José María Leyes.

En una carta dirigida al Concejo Municipal de Oruro, el Viceministerio de Transparencia y de Lucha Contra la Corrupción les informó de que la denuncia contra el alcalde Bazán había sido admitida y que ellos serán querellantes en el proceso judicial. 

El Ministerio Público imputó formalmente al alcalde Bazán por este caso. Según el fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, se valoraron las pruebas presentadas, las cuales detallan que las mochilas fueron negociadas con un presunto sobreprecio que alcanzaría los Bs 2 millones y son de procedencia china.

En la jornada

Se había trasladado
Hasta hace poco más de un año, Mane Comp funcionaba en un puesto de tres por tres metros, en el Comercial Chiriguano.

Vendió una MAC
MSPC SRL, de René Juan de Dios Morales, también figura como proveedor del Ministerio de Gobierno, aunque por un monto mucho menor. En 2015, le vendió una computadora Mac en poco más de $us 2.000.

Otro proceso
La Fiscalía indaga a Leyes por supuesto encubrimiento, por borrar los CPU de la Alcaldía.