Ayer fueron posesionados los seis nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral quienes, con el ya electo por la autoridad máxima del Órgano Ejecutivo, deberán organizar administrar y ejecutar los procesos electorales establecidos como parte de la forma de gobierno democrática participativa y representativa establecida en la Constitución Política del Estado.

A diferencia de la modalidad surgida del hasta hace un poco menos de 40 días  partido político en función de gobierno, el procedimiento al que se recurrió a ese efecto significó el retorno a prácticas democráticas.

Pero no fue el régimen instituido desde el año 2006 hasta el pasado mes de noviembre el único que impuso una sola visión política en el seno de la Asamblea Legislativa, pues tal práctica fue la usual desde 1952 hasta 1964, con breves lapsos en medio del largo predominio de gobiernos militares absolutistas que extinguieron al Poder Legislativo. 

Hasta la aparición de ese sistema en el período de los gobiernos identificados como nacionalistas, la práctica vigente por mandato constitucional desde 1878 hasta la restaurada en 1961, fue la de elección de senadores y diputados con ecuánime presencia de mayoría y minoría, Ese comportamiento hacía imposible el llamado “rodillo” procedente de los dos tercios de parlamentarios fieles al gobernante de turno.

En esa época las Cámaras de Senadores y Diputados se renovaban por mitad en cada bienio, lo cual permitía alternabilidad periódica de ejercicio de la función legislativa por acción de diferentes posiciones políticas. 

Lamentablemente, nada menos que en la vía del orden constitucional, tanto en 1967 como en 1995, se incorporó la regla de la renovación total de las Cámaras de Senadores y Diputados, electos todos ellos junto con los postulantes al Poder Ejecutivo, quebrantando la norma anterior que permitía renovación parcial cada dos años. 

La consecuencia más grave de esa innovación es la que dio margen a la aparición de un partido político virtualmente único en el Parlamento, si los electos para hacerse cargo del Poder Ejecutivo ganan las correspondientes elecciones con mayoría absoluta.

Analizada esa deplorable realidad, se llega al convencimiento de que, entre los actos electorales de 1984 y 2001, no habiendo logrado ninguno de los electos al Poder Ejecutivo el apoyo de dos tercios del total de los legisladores, tal circunstancia dio margen a la necesidad imperiosa de acuerdos entre gobernantes y opositores que permitió un razonable equilibrio por medio de la opción calificada como “cuoteo”. Históricamente, esa actitud resultó considerablemente mejor que la del “rodillo”.