La principal causa estructural arranca de nuestra condición de países capitalistas atrasados porque, en último término, el desarrollo institucional de un país será resultado de su capacidad de captación, retención y conversión de la plusvalía. Dicho en breve, una superestructura desarrollada es resultado de la metamorfosis de la plusvalía generada en su sociedad, para crear un ambiente institucional apto, precisamente para la generación de plusvalía. Claro que esta explicación es insuficiente como para abarcar el problema de la debilidad institucional, porque los países latinoamericanos, dada su condición de atraso, han tenido que dotarse de sistemas políticos modernos, a fin de desarrollar su institucionalidad. Pese a los enormes obstáculos que aquella nuestra condición supone, dificultosamente se han operado -aunque muy limitados- progresos en el camino del desarrollo institucional. 

La razón es que, lo que llamamos causa estructural ha dado lugar a otras derivaciones, tanto internas como externas. Al final, estas derivaciones serán las que expliquen la razón del atraso, porque devienen en funcionales al mantenimiento de esa condición. Sin embargo, de las derivaciones, no puede ignorarse el hecho de la evolución del capital, impulsada principalmente por la revolución tecnológica y su impacto en la morfología del capital. Este hecho ha creado una situación en el mundo que rebasa, incluso, lo que la noción de globalización del capitalismo pretendía ilustrar. Hablamos ahora de un estado en el que el capital circula tanto en términos extensivos (abarca a todo el mundo), como en términos intensivos (abarca mayoritariamente a todos los sectores de las sociedades). Esta expansión del capital, hasta alcanzar la porosidad de la sociedad es lo que se quiere significar con aquello del crecimiento de las clases medias. En estas condiciones, el interés mayor del propio capital es el de contar con instituciones sólidas, que le brinden la cobertura factible para su reproducción y valorización. La desinstitucionalización ofrece todo lo contrario, mucho más en nuestro país. 

En segundo término y como consecuencia de la tradición histórica de contar con una débil institucionalidad, las propias instituciones (y entre ellas, la institución de instituciones, o sea el Estado) y la sociedad misma, han acumulado una memoria basada en instituciones débiles. 

Las instituciones, pues, también tienen memoria y esta, en nuestro caso, se remite a un orden instituciones raquítico, regido por una lógica patrimonial, de parte de sus eventuales titulares. En efecto, en un contexto de desinstitucionalización, el principal titular de la institucionalidad estatal, el presidente, deviene en rey mayor y los titulares de las diversas áreas del Estado (ministerios, Poder Judicial, etc.) en pequeños reyes. Esta lógica patrimonial se reproduce en todos los órdenes de la institucionalidad estatal. Queda claro que este cuadro es concomitante con la constitución de un régimen autoritario, verticalista y altamente centralista. 

Todas las agendas (jurídica, electoral, económica, policial entre otras) son administradas en función de los deseos del rey mayor, en el plano nacional y de los reyes chiquitos, en los planos subnacional y/o sectoriales. A este hecho se refiere la crítica que señala que la justicia está politizada o que las demandas salariales son procesadas no con criterios técnico-económicos sino políticos. Hoy en día los canales naturales de comunicación institucional son simplemente ignorados; es decir, el principal titular de la institucionalidad estatal toma decisiones ignorando a los “titulares” de áreas (ministros). Evo Morales ofreciendo una recompensa por información respecto a las explosiones, durante los carnavales en la ciudad de Oruro, ejemplifica la situación. Además de hacer a un lado al ministro de Gobierno y al comandante nacional de la Policía, aquel ofrecimiento interfiere y obstaculiza las investigaciones policiales. 

La desinstitucionalización es, por tanto, contraria a un orden democrático, porque la vida democrática requiere de una institucionalidad saludable. Ello quiere decir, entre otras cosas, de una institucionalidad conformada por un cuerpo técnico-administrativo reclutado por méritos y no por lealtades políticas o partidarias. La meritocracia, para que engañarse, es algo en lo que no se piensa en ninguna institución pública; ni siquiera en las universidades, como lo sabe cualquiera con un mínimo de experiencia académica. Por ello la desinstitucionalización conlleva el manejo discrecional de la cosa pública. En Bolivia, como una lamentable herencia de la colonia, se han desarrollado además astutas formas de encubrimiento de la desinstitucionalización, fingiendo valorar méritos profesionales para, en el fondo, burlarlos y continuar administrando las instituciones como verdaderos patrimonios particulares. El “se acata, pero no se cumple”, en este sentido, es el dogma de las instituciones públicas en el país. Que la desinstitucionalización se encuentra a una nada de distancia de la corrupción es algo que se explica por sí mismo, ya que se alimenta no de servidores públicos, sino de servidores del mandamás de turno. 

Como se observa, la desinstitucionalización es también incentivada por los intereses de los eventuales administradores de la cosa pública; intereses que se reducen al pobre argumento de la perpetuación en el poder. Que la desinstitucionalización siembre las condiciones para la ingobernabilidad es algo que tiene sin cuidado a los partidos antidemocráticos como el MAS. Lo irónico es que la desinstitucionalización perjudica a sus propios promotores. Administrar algo (el Estado) que es ciego ante su sociedad -porque sencillamente ha sido despojado de toda instancia de mediación democrática- es característica de toda dictadura. Entonces vienen las sorpresas para quienes incentivaron la desinstitucionalización porque la situación se les fue de las manos, como en Venezuela (que sufre un régimen impresentable) o en Brasil con la presión de Lula, candidato a la presidencia para las elecciones de fin de año o en Bolivia, donde el MAS se sorprende por la evolución de cualquier conflicto social en conflicto estatal. Es que la desinstitucionalización enceguece a quien ejerce el poder y no tanto al que lo sufre. ¿Por que? Debido a que el conocimiento de la sociedad, desde el poder, es vertical mientras que el conocimiento de y desde la sociedad, es horizontal.