Es valorable el gesto de buena voluntad del Gobierno de convocar a los periodistas y a los medios de comunicación para consensuar un decreto que garantice el ejercicio de la libertad de expresión y que ayude a mejorar la labor de los trabajadores de la prensa.

La libertad de expresión no es un simple derecho, se trata de un principio fundamental de la vida en sociedad, un pilar de la democracia y una de las garantías elementales que cualquier estado debe resguardar. La primera responsabilidad de cualquier régimen que busque restablecer el estado de derecho debe ser desmontar todo el esquema de persecución que instauró el gobierno anterior y que contribuyó a cercenar el campo de acción de la prensa, impuso la autocensura y debilitó de manera radical a los órganos informativos.

No hace falta ninguna ley que reglamente la libertad de expresión. Se trata de una figura reconocida por la Constitución, por el derecho internacional y por numerosos pactos y compromisos multilaterales firmados por el estado boliviano. Los límites también están establecidos en el Código Penal y otros instrumentos jurídicos, incluyendo la Ley de Imprenta, que busca evitar los excesos y remediar los errores que se puedan cometer cuando se ejerce el derecho a opinar o a emitir libremente las ideas.

Se debe evitar a cualquier costo el voluntarismo y el comedimiento de ciertos sectores sindicales que fueron serviles ante la dictadura masista y que pueden pecar en la interferencia de una libertad que no admite discusiones ni medias tintas.

Si en verdad se pretende contribuir a mejorar, Bolivia debe avanzar en las garantías para que el periodismo de convierta en un verdadero nexo articulador entre gobernantes y gobernados, en la consolidación de un cuarto poder, que consiste en fortalecer al ciudadano y dotarlo de información pertinente y oportuna de los asuntos públicos para que se convierta en el primer guardián de la democracia.

Si lo que se busca es un gobierno transparente, gobernantes que rindan cuentas de sus actos y ciudadanos que estén bien enterados de lo que ocurre a su alrededor, protegidos de la desinformación y el engaño, tenemos que avanzar en una ley que precisamente obligue a las reparticiones públicas a brindar toda la información sobre lo que hacen o dejan de hacer.

Nuestro país es el único de América Latina que no tiene una Ley de Acceso a la Información y por lo tanto, es el único que tiene un gobierno cerrado, secreto, escondido entre cuatro paredes, que facilita la dictadura, promueve la corrupción y estimula los abusos. 

Si lo que se pretende es transformar esta realidad, entonces avancemos no solo en un decreto, sino en una ley que garantice la transparencia, que elimine la burocracia en la entrega de información, que muestre en internet los contratos que firma, las licitaciones que convoca y todos los movimientos que se hacen en todas las instancias y ámbitos, es decir, municipal, departamental, nacional, legislativo, judicial y electoral.

Nuestro país es el único de América Latina que no tiene una Ley de Acceso a la Información y por lo tanto, es el único que tiene un gobierno cerrado, secreto, escondido entre cuatro paredes, que facilita la dictadura, promueve la corrupción y estimula los abusos.