La autodeterminación democrática exige el compromiso de respetar los derechos humanos, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Cuando actores autoritarios subvierten el Estado de derecho democrático para aferrarse al poder o al lucro ilegítimo, como comunidad tenemos la obligación de unirnos a nuestros vecinos y apoyar a quienes responden a través de las instituciones constitucionales democráticas.

Esto se aplica a Venezuela, donde Nicolás Maduro manipuló una elección inhabilitando a sus opositores, censurando a medios de comunicación y recurriendo directamente al fraude electoral, en mayo de 2018. Si bien casi todos los países de nuestro hemisferio ahora reconocen la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó, Venezuela sigue padeciendo la gestión nefasta y autoritaria de Maduro, y su violenta represión del pueblo venezolano. 

Como ciudadanos de las Américas, todos compartimos una obligación hacia Venezuela y su pueblo de ayudarles a terminar con la tiranía de Maduro, y restablecer la democracia en su país.

Esto se aplica al caso de Bolivia, donde el ahora expresidente Evo Morales intentó subvertir el proceso democrático. Hizo caso omiso de los límites de períodos de gobierno establecidos en la Constitución, debilitó la separación de poderes copando las instituciones judiciales y electorales con sus acólitos, y luego recurrió directamente al fraude, en un intento de permanecer en el poder. 

El pueblo boliviano y las instituciones se unieron en defensa de su Constitución y en contra de esta captura de poder, y Morales abandonó su cargo y se fue de Bolivia. El pueblo de Bolivia, incluidos numerosos miembros del movimiento político, que en su momento Morales llevó al poder, están avanzando en el delicado proceso orientado a restituir el poder al pueblo. Al igual que con Venezuela, estamos del lado de nuestros vecinos bolivianos en su construcción de un futuro democrático. 

Sin embargo, aunque defendemos el derecho de reunión, no podemos apoyar ciegamente la tiranía de las protestas callejeras violentas en lugares donde existen vías democráticas legítimas para la expresión política. En estos lugares, las protestas pacíficas ofrecen al pueblo otra vía para la expresión y para el diálogo con sus líderes políticos. Lamentablemente, también hemos visto agitadores que, a veces, con el apoyo de regímenes extranjeros, tomaron de manera violenta estas protestas en una apuesta por frustrar o revertir logros democráticos. 

La política exterior de los Estados Unidos consiste en trabajar con todos los líderes políticos que apoyan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Respetamos los derechos de nuestros vecinos a determinar cuál es la vía política que les resulta más adecuada para avanzar. Pero no podemos permitir que la extralimitación autoritaria -en el gobierno o en las calles- manipule elecciones, acalle el diálogo y niegue una voz a la oposición política, con independencia de qué lado del espectro político se ubiquen esas voces. Las viejas diferencias de la Guerra Fría entre izquierda y derecha han sido reemplazadas por divisiones entre demócratas, y quienes se les oponen dentro y fuera del gobierno.

Este gobierno estadounidense ha tenido una posición de liderazgo en el apoyo a nuestra familia de democracias al exigir que se atienda la voluntad del pueblo. Las políticas estadounidenses en el hemisferio tienen como propósito apoyar a las mayorías democráticas que defienden la dignidad democrática o luchan por restablecerla.

Si estamos comprometidos con la democracia en nuestra región, debemos ayudarnos unos a otros a retomar una senda que la haga posible. Instamos a nuestros vecinos del Hemisferio Occidental a unirse en pos de estos objetivos comunes y a trabajar para que el nuestro sea verdaderamente un hemisferio de esperanza para las aspiraciones democráticas de nuestros pueblos.

Michael Kozak es secretario Adjunto de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento del Estado de los Estados Unidos