“El objetivo de estas recomendaciones es contribuir con el Órgano Electoral Plurinacional, así como con las distintas instancias del Estado involucradas en la organización e implementación de futuros procesos, incluyendo las nuevas elecciones generales”, ha dicho la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA.

Además, ha precisado que se trata de recomendaciones de “diferente índole”, algunas de las cuales “deben ser implementadas de cara a las próximas elecciones generales”, mientras que “otras que requieren de mayor tiempo para su adopción”. En cualquier caso “contribuirán a mejorar sustancialmente futuros procesos en el país”La MOE ha hecho recomendaciones en materia de institucionalidad y organización electorales, sobre el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP) y el cómputo oficial, financiación político-electoral, justicia electoral, participación de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes y libertad de expresión.

Entre otras cosas, se ha referido a los procesos de selección de las nuevas autoridades de los tribunales electorales, que están en marcha, indicando que la criba se debe hacer en base a “procedimientos claros y transparentes” que tengan en cuenta la capacidad de los candidatos pero también “la pluralidad política y social” de Bolivia.

Destacan su recomendación de mejorar la seguridad de los materiales electorales, especialmente la cadena de custodia; contratar a dos empresas auditoras externas que vigilen a las empresas proveedoras del proceso electoral”; o “garantizar el debido proceso” en materia de justicia electoral.

Además, aconseja “considerar la implementación de un esquema de financiación pública directo que permita cubrir por ejemplo los gastos de elaboración de ‘spots’ y otras actividades de campaña” y “establecer los mecanismos necesarios para que las listas que llegan a las mesas de votación sean paritarias”.

La auditoría de la OEA detectó “irregularidades” en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, tras lo cual Evo Morales dimitió y huyó a México en calidad de asilado político.

Más de 30 personas han muerto en el marco de los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del líder indígena, que se considera víctima de un “golpe de Estado”.