En contacto desde París con Erbol, Dorado explicó que AMLO fue mencionado como “testigo asistido” por permitir que un refugiado político como Evo Morales, seguía generando desde México un clima de terror en Bolivia, tras su renuncia el pasado 10 de noviembre.

Precisó que el “testigo asistido” es una figura jurídica intermedia entre un testigo y un sospechoso, pero que está implicado de alguna manera en un caso criminal sin ser acusado, sin embargo la situación de AMLO será definida más adelante por la Fiscalía de la CPI.

Dijo que la Corte Penal Internacional ya abrió el caso y le dio un número al proceso para que la denuncia se vaya alimentando de pruebas sobre delitos de lesa humanidad que fueron impartidos por Evo Morales, antes, durante y después de su renuncia.

Una vez cerrada la colección de pruebas, la Fiscalía hará un examen preliminar viendo sobre todo dos aspectos: primero si hay suficientes elementos para tipificar delitos y, segundo,  si la justicia boliviana puede o no investigar y sancionar delitos de lesa humanidad. Si Bolivia demuestra incapacidad, entonces la Fiscalía pedirá autorización a los magistrados del CPI para iniciar la valoración de pruebas, investigar y posteriormente acusar. Este proceso será una especie de “espada de Damocles” sobre la justicia boliviana que podría durar al menos unos cuatro años.

En esta última opción la CPI actuará de manera subsidiaria sobre la denuncia ya planteada, porque el Estatuto de Roma fue ratificado por Bolivia e incorporado en el bloque de constitucionalidad mediante el Art. 410 de la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación preferente, sin reconocer fueros ni privilegios.

Aclaró que se pretende juzgar no al Estado boliviano, sino a las personas que en el ejercicio del poder habrían actuado cometiendo crímenes contra la humanidad. En ese sentido si bien los denunciantes son de La Paz y Cochabamba, está abierta la posibilidad a que otras víctimas se sumen y aporten más pruebas.

El caso ya fue abierto por la CPI con el antecedente de que el pasado 28 de octubre de 2019,  la Fiscalía General del Estado rechazo de manera expedita y sin motivación jurídica adecuada, la denuncia interpuesta por la senadora Carmen Eva Gonzales.

En La Haya se denunció a Evo Morales y otras exautoridades por vulnerar derechos fundamentales de acceso al agua y a la alimentación, a partir de la instrucción directa filmada el 17 de octubre en la población de Sicaya, durante una reunión operativa con la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y que luego con el paso de los días se fue agravando.

Dorado precisó que el artículo 7 del Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad, al ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Las acciones de Morales ingresan a la tipificación del inc. k) del mismo artículo que amplía la conducta hacia “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”, situaciones que sucedieron en Bolivia con el cerco a las ciudades cortando el agua y la alimentación.

La denuncia se focaliza recogiendo el concepto de “ataque generalizado” en base a los asesinatos selectivos en Montero, uso de la dinamita de parte de grupos armados, liberación de los autores, torturas psicológica y física en diferentes lugares, humillaciones que sufrieron varias personas que tuvieron que desnudarse, emboscadas por francotiradores a trabajadores mineros, toma de rehenes, incendios voluntarios y selectivos de domicilios particulares.