El proceso destinado a desarrollar dichas elecciones está en marcha y la base institucional para su realización es la selección y posterior designación de vocales tanto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como de los departamentales. Ahora bien… el movimiento que existe tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como en las departamentales ha motivado que mucha gente se pregunte por qué no se está eligiendo a ciudadanos notables en esos cargos.
El concepto de los notables se remonta a 1991, cuando la crisis política provocada por la manipulación de resultados electorales permitió que Jaime Paz Zamora sea elegido presidente de la República sin haber ganado las elecciones. Las irregularidades fueron atribuidas a una Corte Nacional Electoral (CNE) cuyos integrantes habían sido elegidos por tres de los partidos políticos representados en el congreso, entre ellos ADN y MIR, que actuaron para favorecerlos. La solución a la crisis fue un pacto político que permitió que, de manera excepcional, se elija a ciudadanos meritorios tanto en la CNE como en las cortes departamentales. Los resultados de las elecciones que administraron fueron tan satisfactorios que se intentó repetir la experiencia en 2001 pero sin lograrlo a niveles departamentales.
No es necesario decir que la crisis que vivió el país por las protestas sociales contra el fraude electoral del 20 de octubre fue la mayor de nuestra historia reciente, con una gravedad que superó no solo la de 1991 sino también el empantanamiento del congreso del ’80. Por los resultados todavía preliminares de la investigación, por ahora solo se ha determinado la responsabilidad que tuvieron los vocales electorales en el fraude que, por sus características y magnitud, es el mayor que se haya producido en la historia de Bolivia. Por ello, los vocales, nacionales y departamentales no solo han sido destituidos de sus cargos sino también encarcelados.

A la salida de semejante crisis, y con el antecedente de 1991, se imponía una nueva designación de notables en los tribunales electorales, pero eso no pudo ser posible por la limitación constitucional. Hay que tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado fue promulgada en febrero de 2009 y contiene las reglas básicas para la estructura del país, incluyendo la conformación de los poderes públicos. La estructuración de los tribunales electorales está en los artículos 206 y 207 que señalan que los vocales nacionales son elegidos por la ALP mientras que los departamentales lo son por las asambleas de sus respectivos departamentos.
Como eso dice la Constitución, al gobierno de Jeanine Añez no le queda otra más que aplicar la norma. Eso ha determinado que un paso tan importante para las elecciones, como es la designación de vocales, esté, también, en manos del MAS porque este partido tiene dos tercios en la ALP y controla buena parte de las asambleas legislativas departamentales. Ahí viene, entonces, la pregunta: ¿podemos confiar la estructuración de los tribunales electorales al partido que protagonizó el mayor fraude electoral de la historia de Bolivia? La respuesta es no. 
Por lo visto, el MAS, que fue quien aprobó a las malas la actual constitución, dejó a la democracia con camisas de fuerza y, para avanzar, se debe ver la manera legal de que el país se las quite.