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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: sábado 14 de diciembre de 2019
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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Las peleas en el MAS surgieron el 14 de noviembre, cuando Eva Copa (MAS) fue elegida presidenta del Senado y se sentó en la mesa de diálogo con el Gobierno de Jeanine Añez.
Desde entonces, Copa, líder del “ala concertadora”, afrontó “sabotajes y trabas” administrativas, activadas supuestamente por funcionarios afines a la senadora Adriana Salvatierra, quien encabeza el “ala dura” del MAS.
En las últimas horas, Copa denunció que continúa el hostigamiento en su contra, porque no aceleró, como exigía el “ala dura”, la Ley de Garantías, que está siendo tratada en la ALP.
La legisladora explicó que no está de acuerdo con que se otorgue inmunidad, pues quien no cometió delito “no tiene por qué tener miedo”.
“Que entienda Adriana Salvatierra que ahora la presidenta (del Senado) soy yo, que ella ya ha cesado y que me deje concluir mi gestión”, manifestó Copa.
También dio a conocer ayer que en una reunión de bancada Salvatierra supuestamente “manifestó que tuvo que renunciar a la Presidencia” porque si asumía la primera magistratura del país por sucesión constitucional, “le iban a reactivar (a su papá) el proceso de los tractores”.
“Hay que hacer un análisis crítico y responsable de esa posición. Muchos hemos dado la cara y lo seguiremos haciendo, pero se tiene que analizar el rol de Salvatierra porque negoció su sucesión por un proceso que tenía su padre”, manifestó.
En ese marco, Copa solicitó a las autoridades judiciales que investiguen el caso de los tractores en el que está involucrado Hugo Salvatierra, exministro de Desarrollo Rural (en la primera gestión de Evo Morales) y padre de la senadora Salvatierra.
La pugna se replicó en la Cámara Baja. La diputada Concepción Ortiz denunció el 6 de diciembre que en su bancada “hay una rosca” y “manipulación”, porque sus colegas “instruyen” que apruebe “sin reclamar” la Ley de Garantías, pese a tener observaciones de fondo. La legisladora, quien fue vicepresidenta del MAS, apuntó a las diputadas Sonia Brito, Betty Yañíquez y Valeria Silva.
Ortiz denunció que propuso que en el proyecto de Ley de Garantías se incorpore un texto para proteger un convenio de los cocaleros de los Yungas de La Paz, pero que su colega Brito se opuso.
Las peleas saltaron de las denuncias verbales a las demandas. El 10 de diciembre, Clery Vargas, diputada del MAS, interpuso ante la Comisión de Ética una denuncia contra Brito y Brígida Quiroga por acoso político.
La legisladora, que representa a la urbe alteña, aseguró que la mañana del 5 de diciembre sus colegas la presionaron para aprobar la Ley de Garantías.
“Por años nos manejamos de manera disciplinada, aunque ya había imposiciones. Pero cuando ya no se hizo lo que ellos querían, vinieron las amenazas, me presionaron para aprobar una ley que viola la Constitución”, expresó Vargas, quien relató que tal fue la presión que no sólo la amenazaron con quemar su casa, sino con hasta “linchar” a su esposo que es un efectivo policial.
Otro mecanismo de “presión y sabotaje” que ejerció el “ala dura” -según Vargas- fue que para impedir que ella se oponga a la Ley de Garantías, habilitaron a su suplente. “De la noche a la mañana habilitaron a mi suplente, vulnerando mis derechos de asambleísta. El reglamento de Diputados dice que el titular decidirá cuándo habilita a su suplente con una anticipación de 72 horas, pero cuando fui al pleno mi suplente estaba en mi curul”, dijo la legisladora.
Página Siete llamó y buscó en reiteradas oportunidades a las legisladoras Salvatierra y Brito para conocer su versión sobre los hechos, pero no se tuvo éxito.
En una anterior oportunidad, Salvatierra negó fricciones y crisis en el MAS. “No hay ninguna división del MAS, sólo hay puntos de vista distintos, es normal que existan algunas posiciones diferentes”, manifestó la senadora Salvatierra.
Ayer, el líder cocalero Andrónico Rodríguez -considerado como el sucesor de Morales- y dirigentes cercanos al expresidente viajaron a Argentina. La senadora Carmen Eva Gonzales denunció que también viajaron a ese país Salvatierra y Brito, integrantes del “ala dura del MAS”.