Iglesia se inclina por una auditoría integral, pactada y vinculante para pacificar el país

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) sugirió este jueves una auditoría integral que incluya todas las etapas del proceso electoral y no sólo el recuento final de los votos, además de otros aspectos, para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país tras las supuestas denuncias de fraude electoral.

"Consideramos que una auditoría, realizada en condiciones adecuadas, o sea, una auditoría integral del proceso electoral, pactada y vinculante, podría sentar las bases para un acuerdo y colaborar a la pacificación del país", señala el comunicado del CEB.

La Iglesia Católica manifiesta su profunda preocupación por la creciente violencia que se instala en las ciudades y regiones, y que ha cobrado ya dos vidas en las protestas en el municipio de Montero.

"Nos solidarizamos con el dolor de las familias de las víctimas y elevamos oraciones por su eterno descanso, al mismo tiempo que exigimos a las autoridades que no queden impunes estas muertes y se haga justicia", se lee en la nota de prensa.

Como Iglesia Católica exige a las autoridades escuchar el clamor del pueblo y respetar la voluntad popular, para preservar la democracia. En esa línea, los religiosos señalan que la única salida adecuada, coherente y democrática es el diálogo sincero, humilde y transparente.

La CEB argumenta que, si la auditoría es integral, tendrá en cuenta todas las etapas del proceso electoral y no sólo el recuento final de los votos; si es pactada, reconocerá las observaciones y condiciones de todos los involucrados en el proceso; y, si es vinculante, todos se comprometen a acatar los resultados y, junto a ellos, las acciones necesarias para restablecer la justicia, si se demuestra que fue vulnerada.

La Iglesia reiteró su condena enérgica a toda forma de violencia. Dijo que es responsabilidad de las autoridades preservar la paz y, de todos, manifestar las demandas en forma pacífica. Por lo tanto, hizo un llamado vehemente a autoridades y ciudadanos a deponer actitudes de agresión y a apostar por formas pacíficas de expresión y protesta.

También rechazó las amenazas y acciones que desplegaron autoridades y otros representantes nacionales en los últimos días, con la convocatoria a cercar ciudades, cortar el suministro de agua, amenazar de muerte a jóvenes movilizados o fomentar el enfrentamiento entre el campo y la ciudad.