Conforme pasa el tiempo, más evidente es la poca aceptación internacional que recoge la idea de la repostulación del presidente Evo Morales. La idea de que la reelección indefinida de un presidente es un “derecho humano” no consigue ser aceptada como razonable pues, como el sentido común señala, el poner límite al poder de los políticos es casi un principio universal destinado a proteger a los ciudadanos de los excesos y preservar la democracia.

Editorial

Reelección y la posición de la OEA

Conforme pasa el tiempo, más evidente es la poca aceptación internacional que recoge la idea de la repostulación del presidente Evo Morales. La idea de que la reelección indefinida de un presidente es un “derecho humano” no consigue ser aceptada como razonable pues, como el sentido común señala, el poner límite al poder de los políticos es casi un principio universal destinado a proteger a los ciudadanos de los excesos y preservar la democracia. 

El límite a las gestiones que pueden cumplir quienes gozan de cargos electos está presente en todos los ámbitos, desde los jefes de sindicatos hasta los rectores de universidades, pasando por alcaldes y concejales.

De modo que la decisión del Gobierno boliviano de tener como un candidato permanente a quien es Presidente del país por más de una década, ha obligado a organismos internacionales a desempolvar sus libros sobre derechos y ejercicio de poder, para contrarrestar con argumentos académicos, jurídicos y filosóficos que en un sistema presidencialista el Jefe de Estado debe gobernar por un tiempo y luego irse a su casa.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llegó a esa conclusión. Tras recibir el informe de la Comisión de Venecia, instancia europea a la que pidió una opinión al respecto, expresó que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos”.

Es interesante que el Gobierno haya recurrido al Pacto de San José, que regula los derechos humanos y políticos de los ciudadanos de las Américas, precisamente para intentar demostrar que el “derecho humano” de Morales le sirve para permanecer indefinidamente  en el poder. Y ahora, quien representa al Pacto de San José, es decir la OEA, por intermedio de su secretario general, acaba de decir que eso no es correcto.

La opinión de Almagro no es vinculante y el Gobierno boliviano, con certeza, no la tomará en cuenta.

Pero sin duda demuestra la inconsistencia del argumento de las autoridades oficialistas, algo que ya era obvio cuando fue presentado, pero que ahora ha sido rechazado por la institución a la que ellos recurrieron.

Para rematar, el ministro de Justicia, Héctor Arce, cometió aparentemente un  gafe al rechazar la declaración de Almagro y decir que sólo la CIDH y la Corte Interamericana pueden interpretar el Pacto de San José. Si eso es así ¿cómo es que el Tribunal Constitucional Plurinacional lo hizo al aprobar la reelección indefinida de  Evo Morales? Son los enredos en los que se meten los políticos que se resisten a dejar el poder y pasar la posta a nuevas alternativas políticas.