No obstante, para sorpresa de muchos analistas nacionales y extranjeros, articulistas nuestros y también de grandes medios del mundo como el New York Times, El País, Le Monde, etc., y renombrados politólogos de todo el orbe, no hay consenso sobre si lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado o una rebelión. El matiz es importante, pues tiene implicaciones éticas trascendentales. Un golpe de Estado hoy en día es siempre condenable; mientras que una rebelión puede ser considerada positiva e incluso heroica, cuando, supuestamente, estalla como salvaguarda de la democracia ante peligrosos desvíos o actitudes autocráticas del líder de turno, incluso aunque éste fuera elegido por la vía de las urnas.

Más importante aún, la “construcción del relato” y su interpretación pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido: golpe o rebelión. Lo cual implica legitimar o no las intervenciones que, en forma de acción u omisión, hayan tenido los diferentes actores para dar como resultado, en este caso, la forzada renuncia del presidente Evo Morales, la conformación de un nuevo Gobierno (el cual, debemos recordar, no cuenta con la prescriptiva legalidad constitucional), y la represión posterior con el lamentable saldo de decenas de personas fallecidas.

Todos los protagonistas de un dramático nuevo episodio de nuestra historia, ya de por sí en extremo trágica, han vuelto a jugar con las cartas marcadas. Unos y otros, arropados por supuestas banderas constitucionalistas o democráticas, han vuelto a dar al traste con una oportunidad histórica para el país: resolver un grave conflicto institucional o político por medios legales y, esta vez sí, dentro de la Constitución y la ley.

Bolivia está otra vez más instalada en el esperpento de un régimen que detenta el poder político y administrativo del país sin legalidad ni legitimidad. Es cierto que el Gobierno defenestrado, aunque salido de las urnas, había sobrepasado los márgenes legales de una Constitución promulgada además por ese mismo gobierno. Y eso es inaceptable, pero de ninguna manera eso justifica romper la baraja y apelar a una solución extraconstitucional, haciendo gravitar políticamente a las dos instituciones nacionales, administradoras legales (que no leales) del uso de la fuerza del Estado: la Policía y las FFAA.

Tras casi tres lustros de contención, de fortalecimiento institucional y de redefinición de su verdadero rol como garantes de la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, del mantenimiento del orden público y el cumplimiento de la ley; son precisamente estas dos instituciones las que sufrirán una mayor merma de credibilidad ante la ciudadanía, que otra vez ha podido comprobar cómo el desbordamiento extralegal de sus competencias y atribuciones constitucionales las ha llevado a ser copartícipes del quiebre del orden legalmente establecido.

Siguiendo con el símil del juego para intentar explicar este azaroso capítulo de nuestro acaecer histórico político, ¡los dados han caído así y no hay vuelta de hoja!: la señora Áñez detenta transitoriamente el gobierno de la nación. Pero es necesario recordar a todos los actores que inopinadamente han aparecido en primera línea de este sainete que suele ser nuestra política nacional, que su rol es estrictamente transitorio y que no están habilitados para desarticular la estructura del Estado.

Por ejemplo, el cese del 80% de nuestros representantes diplomáticos es, a nuestro entender, una grave irresponsabilidad. Hay importantes proyectos en ciernes que se están negociando en varios escenarios internacionales y cuya interrupción puede dar lugar a graves perjuicios no para el Gobierno anterior ni para el MAS, sino para el Estado boliviano y el país en su conjunto. Todos deben tener muy presente que es necesario actuar con cautela para no cometer errores que podrían ser constitutivos de delitos, algunos de ellos imprescriptibles.