Redacción JORNADA

lunes 13, noviembre 2017

APG

Indicó que de salir el fallo favorable, si el Presidente, como servidor público, se resiste a la decisión judicial, pedirán "se remita la sentencia ante el Ministerio Publico para su procesamiento penal por atentado a las garantías constitucionales".

El memorial en partes principales señala: "Señores vocales y jueces públicos de La Paz. Acción de cumplimiento. Luis Eduardo Siles Pérez, con CI. Nº 113425 LP; de Profesión Politólogo, Jefe Nacional del MNR, por nuestro derecho, legitimados por los artículos 24° y 134°.II de la Constitución, mediante el presente escrito y respaldados por los artículos: 134º.I y 134º. II, de la Constitución interponemos Acción de cumplimiento contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia señor Evo Morales Ayma, basados en los siguientes fundamentos de derecho: El artículo 134º inciso I de la Constitución, formaliza la Acción de Cumplimiento como la acción de defensa de los ciudadanos estableciendo que: "Procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de las leyes por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida". El Poder Constituyente definió como un deber del Estado la vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos y para garantizarlo aumentó el número y calidad de las acciones de control constitucional. La Acción de Cumplimiento es pues, una garantía encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos constitucionales cuando consideramos que estos están siendo vulnerados. Es un mecanismo cuyo objetivo es asegurar que las leyes no se queden en el papel, sino que se cumplan en la realidad. El primer obligado a actuar conforme a derecho es el Estado, que obra por medio de sus servidores; el no hacerlo, da lugar a que obre la Acción de Cumplimiento como mecanismo de compulsión. Toda inactividad u omisión por partes de los servidores públicos contrarían el espíritu de la Carta y por esto, el deber impuesto por el derecho es ineludible para la generalidad de los sujetos sometidos a su imperio. La Acción de Cumplimiento establece que en caso de que las autoridades públicas no cumplan las obligaciones que la Constitución y las leyes les imponen, o actúen de forma que atente gravemente al interés general, los ciudadanos pueden obligarle a ello. Por ello, en aplicación de lo dispuesto por los artículos: 24°, 26°, 26º.I, 26º.II.5 y 108º.I, de la Constitución, que autorizan nuestro "Derecho de Petición" y nos confieren la potestad para "Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes" y "La fiscalización de los actos de la función pública", demandamos tutela jurídica, por encontrarse comprometidos nuestros derechos políticos. "Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, representando al partido de Gobierno, han presentado al Tribunal Constitucional una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta pidiendo que declare la "inaplicabilidad del artículo 168º de la Constitución" y la "inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Nº 36 del régimen electoral", esta Acción ya ha sido admitida. Al respecto, sin que sea propio de la presente Acción es necesario referirnos al porque consideramos que la AIA es inconstitucional e ilegal, para luego establecer la naturaleza de esta AC. Si bien la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Pleno de ambas y/o algunos de sus miembros, están facultados para remitir al Tribunal Constitucional Acciones de Inconstitucionalidad Abstractas, no pueden hacerlo vulnerando disposiciones constitucionales y legales vigentes. Quienes dictan las leyes deben como mínimo dar el ejemplo de su cumplimiento. En este sentido, el Presidente, los miembros del Órgano Electoral (TSE), del Órgano Legislativo (ALP) y del Tribunal Constitucional (TC), contrarían la Constitución y las leyes al desobedecer, Primero: el resultado del Referéndum Constitucional vinculante y de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas, cuando el voto ciudadano ya dijo No a la modificación del artículo 168º de la CPE y Segundo: irrespetan lo preceptuado en los artículos 2° y 15° de la ley N° 036 del Régimen Electoral. La AIA carece de eficacia jurídica porque auto atribuye al TC potestades Constituyentes, lo que es inconstitucional. La voluntad popular ya se ha expresado a través de un Referéndum con sufragio universal, libre, directo y secreto. En función del rango jerárquico de la norma que se sometió al veredicto popular fue un Referéndum Constitucional con peso vinculante y decisorio, no consultivo. Al haber manifestado su decisión el soberano, es Constituyente, no existe poder superior para ignorarlo, invalidarlo y menos para repetirlo, por ser inapelable; no fue efectuado solo para medir fuerzas políticas, tiene aplicación inmediata y sin más trámite, no requiere ratificación del Parlamento, ni opera una nueva consulta o una Acción de Inconstitucionalidad, el Presidente, al haber refrendado el acto de convocatoria, debe cumplir y respetar la decisión popular. Debe cumplirse "ope legis", por obra de la ley, no por voluntad del régimen. Si no tuviera aplicación concreta, el poder coartaría la capacidad del pueblo para decidir en materia política, desconocería las libertades políticas de la Democracia Directa; sería inadmisible que el voto tenga consecuencias para el ciudadano y no para el poder, si este es negativo. Por lo tanto, invocar una Acción de inconstitucionalidad en procura de desconocer lo ya decidido por el Soberano Constituyente, representado por la ciudadanía que voto sobre el mismo objeto, la misma materia, los mismos involucrados y con el mismo quórum, es inconstitucional, antidemocrático, antijurídico e ilegítimo. La AIA es también ilegal, porque el Artículo 2º. de la Ley Nº 036 del Régimen Electoral ordena que: "Los principios de observancia de observancia obligatoria que rigen el ejercicio de la democracia intercultural, entre otros, son: inciso k) Preclusión: Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán" y el Artículo 15ª, Carácter vinculante, de la misma Ley prescribe que: "Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación". Estas previsiones legales obligan a los poderes públicos representados por el propio Presidente, los miembros de TSE, los miembros de la ALP y los miembros del TC, y específicamente a los miembros del órgano legislativo que presentaron la AIA, como "autoridades e instancias competentes responsables de su oportuna y eficaz aplicación" a cumplir y hacer cumplir el artículo 15º de la Ley del Régimen Electoral. Sin embargo, la omisión manifiesta de estas autoridades para acatar lo decidido por el soberano, al permitir el trámite de la AIA ante el TC y de este al admitirla, significa ya un fraude legal con atentado a la confianza y fe públicas y constituye una violación de sus propias Leyes Constitutivas y fundamento de su existencia jurídica. Presidente debe hacer cumplir lo decidido por el Soberano Quien está llamado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes como la máxima autoridad ejecutiva del Estado, es el Presidente; es quien debería conminar su obediencia a los miembros del Legislativo, del TSE y del TC, obligado por el artículo 172º de la Constitución que establece que: "Son atribuciones del Presidente, inciso 1°: "Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes". Esto significa que el primer deber y responsabilidad del Presidente está enfáticamente promulgado en la Constitución. Él debe ser el primero en acatar e inducir lo propio. El Presidente, en clara desobediencia a este mandato que le impone claramente el deber de actuar impidiendo la desobediencia consiente, sistemática y deliberada de los poderes y de los servidores públicos, configura una ofensa al Estado y a los ciudadanos, convirtiéndose en un Presidente que ha dimitido de sus deberes. La omisión del Presidente es formal y material. La inactividad formal se presentó cuando conoció de la presentación de la AIA y no realizo una declaración jurídica exigiendo el cabal cumplimiento de la ley, lo que pone en entredicho no sólo la ilegalidad de su actuación sino también su irresponsabilidad, por omitir una conducta debida que es la idea central de la Acción de Cumplimiento. Y, su omisión material, se consumó con la falta de realización concreta de los cometidos previstos y ordenados por las normas que se resumen en la necesidad de restaurar la legalidad, asegurando la neutralidad institucional para garantizar los derechos y libertades de todos. Las reiteradas desatenciones del orden constitucional y la contumacia mostrada por el Presidente y los impulsores de la AIA, configuran una confabulación que contraviene las reglas democráticas del Estado de Derecho. El presidente se arroga la capacidad de actuar despreciando las normas y de ejercer, por ende, un poder sin control y sin límite, mientras los ciudadanos, desprovistos de garantías jurídicas, estamos sometidos a su voluntad y arbitrariedad. Llegar al poder con normas preestablecidas que luego se modifican desde el poder para ser el beneficiario directo, vulnera la confianza de la sociedad y erosiona la legitimidad. Al adoptar esta actitud, expresa su deslealtad y desobediencia institucional a las reglas democráticas básicas, configurando al Estado en un espacio anómico en el que las leyes quedan degradadas en un limbo de aplicación y de inaplicación arbitraria según sus intereses. La AIA tiene la deliberada intención de "inaplicar" el Artículo 168° de la Constitución cuando su vigencia ha sido ratificada por el Referéndum y la "utilización" del TC para que regale legalidad al trámite, amenaza no solo la inminente ruptura del orden Constitucional, sino que al haber sido admitida por el TC, viola nuestros derechos políticos a la alternancia del poder, a los periodos preestablecidos de mandatos, a la pluralidad política y al derecho de conformar los poderes públicos en igualdad de condiciones para todos. Que una persona permanezca en el cargo por 19 años, transgrede la Igualdad de los Derechos Políticos ante la Ley, al punto que resultaría incompatible con la prohibición Constitucional de legislar diferencias de tratamiento arbitrarias y no justificadas, ya que sólo "privilegiaría" al actual mandatario y jamás a ninguna otra persona. Los próximos Presidentes que pretendan la reelección sólo podrán aspirar a 10 años continuos y nunca a 19, lo que ratifica la inconstitucionalidad de la pretensión desmedida. La norma debe aplicarse a todos sin distinción ya que tenemos los mismos derechos políticos en igualdad de condiciones. La característica esencial de la Constitución y de las leyes es la de ser imperativos por sí mismos y, por ende, de forzosa ejecución y cumplimiento. El incumplimiento es imputable al Presidente por el carácter vinculante que se desprende del texto constitucional y no puede eludirla respaldándose en su poder. El irrespeto a las normas como servidor público, viola no solo lo unívoco de sus términos sino lo intangible de su esencia. Por su mismo carácter de normas que garantizan la convivencia, no deben estar sujetos al capricho de nadie, de lo contrario, la Constitución y las leyes pasarían a ser en la práctica, textos declarativos de una organización política, sin contenido normativo ni directamente aplicables. La Acción de Cumplimiento tiene las mismas características del título ejecutivo, esto es: ser claro, expreso y exigible; a través de esta Acción no es posible discutir derechos sino hacer respetar los ya existentes. La ley debe ser respetada y acatada por todos, y el Presidente no está por encima de la ley. La lealtad a la Constitución y a las leyes es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y el Presidente, al incumplir los deberes de su mandato, adopta una actitud sediciosa al estar instalado en una realidad fraudulenta, de provocación inadmisible. Los ciudadanos suscribientes, en expresión de la legitimidad democrática que nos asiste, acudimos a la ley para hacer cumplir la ley. Tenemos derecho a defendernos exigiendo un escrupuloso respeto a la Ley y, sin importar su jerarquía, quien actúa en contra de los dictados de la Constitución y de las Leyes comete racionalmente acciones delictivas y más si es el máximo representante de la ley y de la idea de ley. Por esto, si no limitamos al poder, este se desembocara aún más. Si como ciudadanos no actuamos, significara que admitimos y permitimos el delito de alzamiento público por las propias autoridades públicas. Tenemos el derecho a existir, a no ser aplastados por una maquinaria pública financiadora de una ambición desmedida. Se trata de restaurar la ley, de dar vigencia real a las leyes al amparo de la Constitución, de asegurar la neutralidad institucional y asegurar los derechos y garantías de todos. La admisión de la AIA por el TC ha generado una amplia repulsa y un reproche moral, a tal punto que los ciudadanos desconfían de sus instituciones. Por esto, suplicamos que la independencia e imparcialidad de las motivaciones de Vuestras Señorías, sean éticamente fundadas ante la opinión pública nacional e internacional, a las que también recurriremos en busca de tutela jurídica. Todos tenemos el derecho político a que se respeten los periodos de mandato preestablecidos y a la alternancia del poder, incluidos Vuestras Señorías, Jueces del Tribunal Departamental de Justicia, en quienes confiamos, como servidores públicos de la Constitución y de las leyes, y que hoy, son los llamados a sentar las bases de un verdadero Estado de Derecho. Fundamentos jurídico procesales En la legislación, no existe regulado ningún procedimiento ordinario ni constitucional para oponerse e impugnar una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta como medida previa, para tramitar y substanciar esta Acción de Cumplimiento en procura de la protección inmediata de nuestros derechos y garantías; tampoco se admite incidentes de ejecución o de inejecución que garanticen la suspensión cautelar automática de las resoluciones; por esto, y en aplicación del artículo 134º.II de la Constitución, corresponde al Tribunal Departamental de Justicia el conocimiento de la presente Acción. Las normas constitucionales y legales infringidas son: Normas Constitucionales: De la primera parte de la Constitución: Capítulo Tercero, Sección II. Derechos Políticos: Artículo 26°.I. De la Segunda Parte de la Constitución: Título II, Capítulo I, Sección II, Presidencia y Vicepresidencia del Estado: Artículo: 168º y artículo 172º Normas legales: Artículos 2º y 15º de la Ley Nº 036 del Régimen Electoral. Petitorio: Por lo expuesto, pedimos: Tengan por interpuesto esta Acción de cumplimiento contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y lo admitan. Que, admitida la Acción, pedimos se ponga en conocimiento del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como responsable de omitir cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, en el plazo de ley, a efecto de su apersonamiento para formular los alegatos que fueren del caso. Que previos los trámites que correspondan, restauren la legalidad constitucional y legal, declarando: Procedente l Acción, ordenando al Presidente el cumplimiento inmediato de su deber omitido de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Artículo 168° de la Constitución y los Arts. y 2° y 15° de la Ley 036 del régimen electoral, e instruyendo al TC la suspensión inmediata de la tramitación de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por legisladores del M.A.S. Si el Presidente, como servidor público, se resiste a la decisión judicial, pedimos a Vosotros remitir la sentencia ante el Ministerio Publico para su procesamiento penal por atentado a las garantías constitucionales". En cumplimiento del procedimiento y una vez tramitada la Acción, pedimos eleven de oficio al TC para su revisión en el plazo de 24 horas, sin que por ello se suspenda su ejecución. Acompaño a la presente Acción, la Ley N° 036 del Régimen Electoral y la Constitución. Pedimos: Que acuerden la tramitación prioritaria y urgente de la presente Acción, petición que se formula atendiendo a las siguientes circunstancias extraordinarias que acontecen en el caso que nos ocupa: La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ya fue admitida. La importancia para la paz y el futuro político del país y de su imagen internacional. El carácter modélico que tendrá la declaración de Vuestras Señorías en la vigencia del Estado de derecho plasmado en nuestra Constitución y las leyes. La Paz, 30 de Octubre del 2017", Firman Luis Eduardo Siles Pérez. Dr. DAEN. Waldo Ronald Torres Armas. Abogado patrocinante.