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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 13 de diciembre de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Quiroga, en su calidad de delegado ante la comunidad internacional del gobierno de Jeanine Añez, indicó que la Constitución Política de Estado (CPE) en Bolivia se aprobó en referendo en enero de 2009, y que en su artículo 168 se estableció que el mandato presidencial es de cinco años, con derecho a una reelección, y -subrayó- entonces “establecieron que el mandato vigente de Morales (2006-2010) se contabilizaba como el primero”.
No obstante, el expresidente dijo que en abril 2013 para “viabilizar un tercer mandato” para Morales, el TCP emitió la declaración constitucional 003/2013 que iba en contra sentido a lo dispuesto en la CPE. “La base de esta aberrante y distorsionada interpretación fue que Morales sólo habría sido Presidente del Estado Plurinacional una vez, entre 2010-2015, porque en el primer mandato 2006-2010 presidía la ‘República’”, explicó.
Después, Quiroga citó el referendo del 21 de febrero de 2016, cuando se consultó al electorado sobre reformar el artículo 168 de la CPE para habilitar a Morales a un cuarto mandato. En esa consulta, el 51,3% rechazó la reelección.
“Sin embargo, meses después de esta derrota el régimen y su TCP determinaron, mediante el fallo 0084/2017, que la reelección indefinida era un supuesto derecho humano”, aseguró.
Quiroga mencionó que el 20 de octubre (20-O) los conteos rápidos de Viaciencia, autorizada por el TSE, Tu voto cuenta y hasta el realizado por la misión de la OEA mostraban una brecha de menos del 6% entre Evo Morales y Carlos Mesa. El TREP también mostraba una tendencia hacia el balotaje.
“Extrañamente, Morales apareció la noche de la elección para anunciar que ganó en primera vuelta y que contaba con ‘amplias mayorías’ en ambas cámaras legislativas. No fue una predicción, fue una instrucción a su órgano electoral servil”, aseguró.
Quiroga aseguró que tras el escándalo se desataron masivas protestas ciudadanas y Morales “acorralado” pidió y publicitó una auditoría vinculante con la OEA. Agregó que cuando el 10 de noviembre se hizo público el informe preliminar de la auditoría, y ante los pedidos de renuncia, Morales dimitió y de ahí en más se dio paso a la sucesión constitucional.
“El monumental fraude de octubre se produjo porque la elección estaba manejada por un órgano electoral criminal, con sistemas informáticos vulnerables y manipulables, y con un padrón electoral contaminado”, dijo. Álvaro Andrade, de Ethikal Hacking, firma que auditó en el 20-O, concluyó ante los delegados del Consejo Permanente: “No podemos dar fe de la integridad de los resultados electorales debido a que todo el proceso está viciado de nulidad”.
Luego, Jhanisse V. Daza, activista de Ríos de pie, contó su testimonio sobre la “revolución ciudadana” que hubo en Bolivia, “no en contra de una persona sino en defensa de la democracia de todos”.
Afirmó que el levantamiento que se vivió no empezó el 20-O sino con la defesa del 21F, y se reavivó con los incendios de la Chiquitania, en agosto. Pese al cansancio de tres meses de lucha contra el fuego, la activista afirmó que los movimientos ciudadanos hicieron un control. “Vimos el fraude con nuestros propios ojos, porque participamos de forma masiva en el control de nuestro voto”, dijo.
Después intervino Gualberto Cusi, exmagistrado del TCP, quien contó que
fue elegido tribuno en las judiciales de 2011. En ese marco, expresó
que en el cargo asumió la misión de “hacer que se respete la CPE”. No
obstante, comentó que cuando “entró el tema de la reelección de Evo
Morales”, en varias oportunidades expresó que era inconstitucional,
amparado en el artículo 168 de la CPE.
Por ello -aseguró- fue perseguido y
que hasta le iniciaron un juicio de responsabilidades, en el que quienes
le juzgaron eran del MAS, partido de Morales.
Acuerdo con la CIDH
Ayer, la canciller Karen Longaric
informó que Bolivia firmó un Convenio con la CIDH. “Estamos firmando un
convenio con la CIDH para que se conforme una comisión internacional de
expertos que vengan nuevamente al país, seguramente en los próximos
días, y ampliarán el proceso de investigación sobre la presunta
violación de derechos humanos en Bolivia”.
En el convenio se lee que las partes acuerdan “constituir” un Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de DDHH, integrado por
cuatro personas designadas por la CIDH, “con la finalidad de coadyuvar y
apoyar las acciones iniciadas por Bolivia. Acuerdo con la CIDH
- Grupo El Gobierno y la CIDH acordaron constituir un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Derechos Humanos.
- Equipo El grupo estará integrado por cuatro personas, quienes serán designadas por la CIDH, “con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas” por Bolivia.
- Atribuciones Entre sus atribuciones está la elaboración de planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico de un plan de atención integral a las víctimas de los hechos ocurridos a partir del uno de septiembre de 2019.
Daza: “Ustedes, ¿dónde estaban? En ese contexto, interpeló a los presentes: “Cuando la mitad del país se estaba quemando y mis amigos arriesgando sus vidas por apagar un incendio, con un Gobierno que encima nos tapaba la boca y nos dejaba pedir ayuda, ustedes ¿dónde estaban?”. Gualberto Cusi, exmagistrado del TCP, contó que cuando “entró el tema de la reelección”, expresó que era inconstitucional.
Por su postura -dijo- fue víctima de persecución y le iniciaron un juicio de responsabilidades. “Ni la salud han respetado”, afirmó Cusi. “Lo más grave fue que el ministro de Salud del señor Evo Morales, por órdenes del poder, revela mi situación de salud, señalando en una conferencia de prensa que soy portador del VIH Sida”, aseguró.