La presencia de miembros de grupos subversivos en Bolivia ya era una alerta inquietante para el país. Ahora se sabe que uno de ellos, Óscar Serna Ponce, era no solo ‘amigo’, sino también jefe de campaña de una candidatura uninominal del MAS en Montero y hasta financiador de estas actividades dirigidas a sumar votos en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Más adelante, se conoció que esta persona tuvo participación directa en los enfrentamientos de seguidores del MAS contra dirigentes cívicos que pedían la renuncia de Evo Morales, dejando un saldo de dos personas muertas a bala de las filas entonces opositoras.

Tras la posesión del nuevo Gobierno de transición se supo que, en esos enfrentamientos, como en otros ocurridos en el país, operaron integrantes de grupos terroristas: el MRTA (del que Serna Ponce es miembro), las FARC de Colombia y fuerzas chavistas de Venezuela. También se supo que adiestraron gente, que utilizaron armas de fuego y que no escatimaron esfuerzos para generar un clima de terror en la que fue una protesta pacífica que solo pedía respeto al voto, a la democracia y a la Constitución.

En el caso de Serna Ponce, ya hay evidencias de que se codeó con militantes y candidatos del MAS, como la foto en la que se lo ve en un acto político junto con el exministro de Gobierno Carlos Romero. Y es bueno detenerse en esto, porque este miembro del MRTA era buscado por haberse fugado de la cárcel de San Pedro, donde debió cumplir una condena de 20 años por el secuestro al empresario Samuel Doria Medina en la década de los 90, pero al parecer sus movimientos eran tan impunes que podía codearse con una alta autoridad nacional sin que nadie le pida cuentas sobre sus deudas con la justicia boliviana.

Otro terrorista preso es Facundo Molares, miembro del grupo terrorista FARC que provocó luto y dolor en Colombia durante más de 50 años. A él lo encontraron en el barrio Cofadena de Montero. Llegó a Bolivia poco antes de las elecciones de octubre y fue protegido por Serna Ponce así como altos dirigentes del MAS en el norte cruceño. Y todo esto ocurría a vista y paciencia del Gobierno de Evo Morales. Como ellos hay más, de acuerdo con los informes de la Fiscalía y de la Policía Nacional.

Por otro lado, en la zona cocalera de Chapare hay un Estado sin ley, porque los dirigentes impiden el ingreso de policías. Es más, dicen que los uniformados deben pedirles perdón de rodillas si quieren tener libre tránsito en la zona. ¿Perdón por pretender mantener el Estado de derecho a pesar de las amenazas subversivas detectadas?

Y mientras esto ocurre, una comisión de la CIDH llegó a Bolivia supuestamente para investigar la violación a los derechos humanos durante las protestas y después de la renuncia de Evo Morales. Los enviados no investigaron nada de lo dicho en este editorial. Parece que a ellos no les pareció relevante que haya dos muertos en Montero, que haya presencia de terroristas ni que francotiradores hubieran atacado a mineros que pedían la renuncia de Evo Morales. La confianza en tal informe preliminar queda minada por el sesgo hallado en la investigación.

En este escenario, el MAS pretende aprobar una ley que dificulte el procesamiento a Evo Morales y sus ministros por los hechos ya mencionados, además de la participación directa del expresidente de Bolivia ordenando cercos a las ciudades.

El mando de Jeanine Áñez debe investigar y buscar la sanción de los responsables de tanto dolor para Bolivia. Este país no puede ser el espacio donde florezcan estos grupos terroristas y esto es un asunto de todo el continente.