La Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró ayer la imposibilidad de validar las elecciones generales anuladas del 20 de octubre en Bolivia. Ayer, Gerardo de Icaza, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, presentó ante el Consejo Permanente el informe oficial realizado en el país, que desveló una estrategia para alterar los resultados de las actas, e ingresar esas actas en los sistemas informáticos, con el objetivo de beneficiar a un candidato.
“Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten dar certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que hubo una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, afirmó Icaza.
El informe preliminar fue conocido la madrugada del domingo 10 de noviembre, y fue la confirmación de una serie de irregularidades el 20 de octubre que desató la protesta popular en las calles. Tras conocerse, la convulsión subió a tal punto que provocó que Evo Morales anuncie nuevos comicios, y por la tarde, ante la imposibilidad de calmar la tensión, termine por renunciar.
Durante la lectura de este informe, el jefe del equipo técnico de la OEA explicó que la paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) había provocado la primera alerta de esta misión, el domingo 20 de octubre por la noche. Señaló que un análisis posterior confirmó que este hecho no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos; “fue una decisión arbitraria cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”, dijo.
Indicó también que el peritaje posterior les permitió establecer que cuando el sistema reanudó su funcionamiento apareció en escena un servidor oculto, no declarado, ni controlado por la empresa auditora o el personal del Órgano Electoral. Dijo que a través de este servidor se procesó información restante del TREP correspondiente a más de 1.400 actas.
“Este servidor no apareció en ningún informe y fue intencionalmente ocultado, hasta que la auditoría de la OEA lo desveló en estudios periciales”, indicó.
Delegación boliviana
Durante la realización de la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, una delegación de representantes del Gobierno y de la sociedad civil boliviana se presentó para denunciar violaciones de derechos humanos por parte del expresidente Evo Morales durante su Gobierno.
El primero en intervenir fue el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien destacó el trabajo de la misión de la OEA en el país, a tiempo de abordar seis temáticas: la Constitución y sus vulneraciones; el fraude judicial de 2013 para el tercer mandato; el referéndum del 21-F; el fraude electoral del 20 de octubre; nuevas elecciones transparentes y conclusiones y recomendaciones.
También advirtió una “parcialidad” en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el martes, que identificó “dos masacres” en el país, y graves vulneraciones a los derechos humanos, en referencia a las muertes en Sacaba, Cochabamba; y en Senkata, en El Alto; pero dijo que no abordó otras muertes y ataques atribuidos al Gobierno de Morales.
Luego se pronunció Álvaro Andrade, responsable de la empresa auditora a las elecciones, Ethical Hacking, quien explicó cómo se habilitó un servidor oculto para cometer el fraude electoral.
Posteriormente Jhanisse Vaca-Daza, de la plataforma Ríos de Pie, aseguró que “Bolivia se siente como una mujer abusada, porque se escucha primero al abusador su versión (...), en nuestro caso el abusador es Evo Morales”.
También cuestionó ante el organismo internacional que quiera calificar de “golpe” lo que fue “una resistencia civil no violenta”. Entre lágrimas recordó que durante los incendios de la Amazonia solo se habló de Brasil y no de Bolivia, que se estaba incendiando por las políticas de Morales.
“Fueron 5 millones de hectáreas que se perdieron; más de 2 millones de vidas animales que se perdieron en un solo mes y seis vidas heroicas de hermanos bomberos”, lamentó.
Al cierre de la intervención de la joven, el exmagistrado Gualberto Cusi advirtió que “Evo y el MAS pretendieron matar la democracia en Bolivia”, al gestar el fraude.
“No solo se atentó la vida de los seres humanos, no solo se atentó la vida de la naturaleza; se atentó (contra) la vida democrática en Bolivia”, sentenció Cusi.
Al concluir la sesión en la OEA, Luis Almagro, secretario general, volvió a enumerar las irregularidades encontradas por la misión, y de manera enfática calificó de “fraude” lo que ocurrió en el país; además que pidió que la justicia encuentre a los responsables.
“Las autoridades bolivianas comenzaron con las investigaciones de lo ocurrido el 20 de octubre, confiamos en que darán con los responsables de este intento de burlar al pueblo boliviano”, dijo.
Nueva comisión de la CIDH
El Gobierno de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un acuerdo para la llegada de un nuevo grupo independiente de expertos internacionales para coadyuvar en las investigaciones sobre hechos de violencia y violaciones de derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019, en el periodo anterior y posterior a las elecciones generales.
“(Se trata de un grupo) integrado por cuatro personas y designado por la CIDH con el fin de apoyar y coadyuvar las acciones iniciadas por el Gobierno de Bolivia, el cual contará con un equipo técnico propio”, señala la CIDH a través de un documento.
La canciller boliviana, Karen Longaric, confirmó que invitó al organismo internacional a que realice una nueva visita con expertos para ampliar los informes sobre los hechos trágicos del conflicto tras las elecciones anuladas y la posterior renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Las nuevas investigaciones darán continuidad al recorrido que hizo una comisión de la CIDH en Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, la cual dio como resultado un informe que detectó violaciones de derechos humanos, pero que, a decir del Gobierno, omite varios hechos en ese periodo, como es el caso de las dos muertes en Cofadena, un barrio de Montero, en donde se identificó a un guerrillero argentino, atribuidas a afines del partido de Evo Morales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que se espera arribe en los próximos días, realizará un trabajo que, según adelantó la canciller boliviana, le tomará unos seis meses.
El GIEI analizará también actos de racismo o discriminación, persecución judicial o extrajudicial, desaparición forzada, tortura, incendio y destrucción de viviendas, amenazas, entre otros.
