El grupo de expertos internacionales estará compuesto por cuatro personas designadas por el organismo, que contarán con un equipo técnico para el desempeño de sus funciones, y su mandato será de seis meses, aunque podrá extenderse si ambas partes lo acuerdan.

Su misión será elaborar "planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia", que incluyen muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, actos de racismo y discriminación, torturas y desapariciones forzadas, entre otros, explicó la CIDH en un comunicado publicado en Twitter.

También tendrá como tarea elaborar un análisis técnico de las líneas de esta indagación para establecer responsabilidades penales; y estudiar un proyecto de atención integral a las víctimas.

Por su parte, según el texto, el Estado boliviano se comprometió a garantizar a los expertos de GIEI el acceso a los expedientes de la investigaciones y causas penales, así como a la información pública gubernamental relacionada con los hechos; así como inmunidad y que puedan desarrollar su cometido bajo condiciones seguras; aparte de los recursos necesarios para realizar su labor.

La CIDH detalló en el comunicado que la medida tiene como objetivo "la obtención de justicia para todos y la reparación del daño a las víctimas", y supone un seguimiento de la visita de la CIDH a Bolivia entre el 22 y el 25 de noviembre pasados.

Desde La Paz, la ministra boliviana interina de Exteriores, Karen Longaric, reveló hoy que la CIDH tiene una invitación de su Gobierno para regresar al país y redactar un nuevo informe con lo que el Ejecutivo de la presidenta Jeanine Áñez considera "la verdad" sobre el conflicto vivido.

La invitación busca que la comisión pueda "rectificar" un informe publicado tras su visita del mes pasado, en el que advirtió de posibles violaciones a los derechos humanos, pero que "no se ajusta a la verdad", dijo Longaric.

El informe que el Ejecutivo provisional considera sesgado es fruto de una visita de observación de la CIDH en noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, en el que se califica de "masacres" las muertes de al menos 18 civiles por disparos en dos operativos militares y policiales ese mes, entre otros sucesos.

El país vive una de las crisis más graves de su historia reciente desde los comicios del 20 de octubre, con episodios de violencia que han dejado al menos 35 muertos y 832 heridos, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo.

La violencia comenzó al día siguiente de las elecciones en las que el presidente Evo Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude a su favor.

Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) del pasado 10 de noviembre advirtió de "graves irregularidades" en las elecciones y ese día Evo Morales anunció su renuncia y denunció un golpe de Estado para derrocarlo.

El país quedó sumido en el caos, con un vacío de poder hasta que dos días después la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió el poder de forma transitoria hasta la celebración de unos nuevos comicios.