Entre otras medidas, el documento señala que se debe recuperar la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y mejorar la organización y seguridad electoral para garantizar elecciones fiables y justas.

En cuanto a la seguridad electoral, el escrito hace énfasis en fortalecer el uso del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP) y el cómputo oficial para evitar que pueda haber manipulación de datos, como ocurrió en las pasadas elecciones del 20 de octubre, según apuntó el informe de auditoría de ese organismo internacional.

Sobre el sistema, menciona además la necesidad de contratar a dos empresas auditoras externas que vigilen a las empresas involucradas en el proceso e incluir únicamente a los electores habilitados en la aplicación para consulta de actas de mesas, “con el objetivo de evitar generar dudas respecto al voto de personas no habilitadas para emitir sufragio”, menciona.

Respecto al sistema de monitoreo electoral, puntualiza la necesidad de “reforzar la capacitación de los usuarios (...) así como generar alertas periódicas que soliciten al usuario la información pendiente de reportar”.

Con relación a la transparencia del financiamiento a los partidos recomienda “el desarrollo de una plataforma informática, que facilite a los partidos la rendición de cuentas y estandarice la forma de presentación de la información financiera, con el propósito de uniformar el registro de los movimientos económicos”.

En total son ocho las recomendaciones emitidas que se pueden aplicar a las elecciones de 2020 y en futuros procesos. “Las más urgentes y que la Misión considera factibles de implementar antes de los comicios de 2020 son las relativas a la nueva integración del órgano electoral y a la organización del proceso, así como a la implementación de tecnología”, señala el comunicado oficial.

“Las recomendaciones fueron elaboradas tomando en cuenta los hallazgos de la propia misión, así como los del Informe Final de Análisis de Integridad Electoral”, indica un boletín de prensa de la OEA.

La realización de un nuevo proceso electoral fue acordada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tras la cancelación de la elección del 20 de octubre debido a la probada “manipulación dolosa” de los resultados y a otras irregularidades.

La Misión de Observación Electoral de la OEA desplegó 92 observadores en los nueve departamentos de Bolivia desde comienzos de octubre hasta la finalización del trabajo en terreno sobre la integridad de las elecciones