Como su nombre indica, el TREP es un sistema informático diseñado para la transmisión rápida de datos, lo que permite difundir resultados preliminares la misma noche de la jornada electoral. Su propósito es eminentemente informativo. En ese sentido, es también un factor de confianza. Empero, para fines del proceso electoral, el TREP no tiene ningún valor legal o efecto vinculante. Según la ley vigente, el resultado oficial de la elección depende exclusivamente del cómputo basado en actas físicas.

El TREP se estrenó en el país en el referéndum constitucional de febrero de 2016. En esa polarizada consulta, sus datos preliminares generaron certidumbre. Y por primera vez se tuvo acceso inmediato a imágenes de las actas en mesa. El sistema se utilizó luego, sin cuestionamientos, en las elecciones judiciales de 2017 y en varios referéndums locales sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas. En estos casos fue la única fuente de información sobre resultados preliminares de la votación.

La historia corta del TREP cambió radicalmente en las fallidas elecciones de octubre. Si bien su renovado uso fue alentado y resaltado por la mayoría de actores políticos, organismos internacionales como la Unión Europea e incluso por operadores mediáticos de la oposición, terminó desplomándose por la pésima gestión del sistema el día de los comicios. Y se convirtió en factor de sospecha y duda por la nefasta decisión de los vocales del TSE de suspender abruptamente esa noche la transmisión de datos.

En todo caso, resulta curioso que el informe de integridad electoral elaborado por la OEA concentre su mayor atención en el TREP, pese a que, como ha quedado dicho, no tiene valor legal alguno respecto al resultado de la elección. Las y los bolivianos hubiésemos esperado que dicho informe diseccione no solo el TREP, sino el sistema de cómputo oficial, sustentado en eventos públicos de los tribunales electorales que validan cada acta con la presencia de delegados de las organizaciones políticas.

Como sea, es evidente que el TREP cerró su breve ciclo de la peor manera posible: bajo acusación de “acciones dolosas”. No sabemos todavía si en futuros procesos electorales o referendarios, empezando por los próximos comicios de abril de 2020, el sistema electoral boliviano volverá a contar con un mecanismo de conteo rápido o de transmisión de resultados preliminares. Lo cierto es que se perdió un factor de confianza por obra de quienes, en lugar de haberlo blindado, se ocuparon de manipularlo