Entre esos documentos filtrados se encuentra el informe completo de la última certificación de reservas de la canadiense Sproule y los informes técnicos de YPFB antes, y después de conocerse el informe de la certificadora, que con lenguaje medido, por temor a sufrir represalias y detalle de empresa por empresa y campo por campo, expresan una opinión distinta a la de Sproule. Se informa también que el anterior gobierno había encargado a la misma Sproule otra certificación al 31/12/2018, que sostiene que las reservas a esa fecha eran de 8,95 TCF’s de gas y 137,69 MMBls de líquidos.

Los informes técnicos de YPFB calculan que las reservas probadas de gas eran de 7,49 TCF’s y no las 10,7 TCF’s que cuantificó Sproule; las reservas de líquidos eran de 122 millones de barriles y no de 249 millones de barriles, como sostuvo Sproule; es decir, teníamos 30% menos de gas y 50% menos de líquidos. La falsedad inducida por el Gobierno tenía por objeto cubrir el fracaso exploratorio y la no reposición de reservas consumidas.

El viceministro de Exploración y Producción del MAS, al parecer ratificado en el cargo por el Gobierno de transición, justifica la caída de reservas con el argumento que las 10,7 TCF’s se calcularon por el método de agregación estadística y las 8,95 TCF’s con el método aritmético, pero obvia decir que con el mismo método aritmético, Sproule calculó al 31/12/17, que las reservas probadas eran de 9,01 TCF’s y las de líquidos de 194,3 MMBls. 

Este mismo viceministro, con igual prestancia, defendía en su momento las cifras falsas de Sproule. Las causas reales del fracaso exploratorio y de la caída de la producción difícilmente podrán determinarse con autoridades del anterior gobierno. 

Lo de las reservas es una alerta del engaño permanente que hubo y debe servir a las nuevas autoridades para investigar rápidamente, antes que desaparezcan los antecedentes, los puntos neurálgicos de las actividades petroleras que han sido mantenidas en secreto o en reserva.

Además del tema reservas, se debe encaminar investigaciones en todos y cada uno de los proyectos de industrialización: en la compra de los equipos de perforación de la empresa Drillmec, investigación de la que el expresidente de YPFB Guillermo Achá soló quedó con cargos menores;  la construcción de ferrocarril Bulo Bulo-Montero, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, cuya gestión empezó el año 2013 y hasta el día de hoy no puede ser terminada;  las sociedades con empresas venezolanas, como Petroandina y Endeandina, esta última con termoeléctricas en Entre Ríos, Warnes y Termoeléctrica del Sur, que están en operaciones y paga utilidades anuales a  Maduro, que fue manejada discrecionalmente desde el exterior por el exembajador de Bolivia en Rusia.

A esto se suma los informes sobre costos recuperables y las inversiones en exploración;  la estructura dada a la oficina matriz para que emprenda trabajos exploratorios de manera paralela a las subsidiarias Chaco y Andina; las razones para mantener tres empresas de transporte por ductos; la creación de oficinas o empresas en el extranjero, tanto de ENDE como de YPFB; el estado en que se encuentran las conciliaciones para concluir el contrato GSA y las negociaciones para firmar una adenda o un nuevo contrato.

Se debe sentar la bases para la despolitización y reinstitucionalización de las entidades del sector, de manera que el presidente de YPFB se nombre de una terna del Congreso, y la reguladora recupere su independencia y jerarquía de árbitro imparcial; la revisión de los contratos de compra y de transporte por cisternas y barcazas de carburantes importados, que dieron lugar a comisiones de toda índole.

También se debe iniciar los estudios para importar crudo por ducto, tanto por Arica como por Tarija; se debe iniciar un proceso de austeridad económica, eliminando gastos de propaganda, de viajes en comisión, de oficinas de YPFB en el exterior y otros.

Todos los errores que se cometieron y sobre todo los teñidos de corrupción, fueron hábilmente enmascarados, ocultando la información al público. Se eliminaron los boletines estadísticos trimestrales que publicaba YPFB, los informes de las supuestas unidades de transparencia de cada entidad nunca fueron dados a conocer. Se deben transparentar todas las actividades de YPFB. 

En resumen, el gobierno de transición debe procurar informarse de todas las operaciones de YPFB, de los grandes temas pendientes, e iniciar auditorías,  como en los de cambio de matriz energética, redes de gas, nuevas construcciones y edificios, y en los temas ya mencionados. Se trata de introducir luces a la oscuridad de 14 años. Tarea difícil, por cierto.

Hugo del Granado Cosio es experto en hidrocarburos