“Analizaremos el material presentado”, dijo a Efe una fuente de la Fiscalía, que explicó que “tan pronto como se llegue a una decisión” sobre el siguiente paso apropiado, “se informará al remitente”.

El actual Gobierno de Bolivia, liderado por la presidenta Jeanine Áñez, dio a conocer a finales de noviembre que enviaría una denuncia a la CPI contra Morales, que se encuentra asilado en México.

La acusación se basa en un audio grabado, supuestamente, durante la violencia postelectoral que sacudió Bolivia, tras los comicios del pasado 20 de octubre, en el que se escucharía a Morales incitar a la violencia y a intensificar bloqueos en varias ciudades. 

La violencia comenzó en Bolivia al día después de los comicios del pasado 20 de octubre, en los que Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo entre denuncias de fraude a su favor.

Un informe de la OEA del pasado 10 de noviembre advirtió de graves irregularidades en las elecciones y ese día Evo Morales anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, para salir el día siguiente hacia México como asilado.