El ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, presentó un memorial en ese sentido ante el tribunal en la ciudad de Sucre, la capital constitucional del país y sede del órgano judicial.

La doctrina del Pacto de San José

Las sentencias en cuestión son la que en 2017 avaló la reelección indefinida, que dio luz verde a la candidatura de Morales en los comicios de octubre de este año, y otra emitida en 2019 que permitió a autoridades electas postular en esas elecciones sin tener que renunciar al cargo que ocupan.

«Las dos hacen referencia al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, pero vemos una contradicción respecto a la interpretación», indicó Coimbra.

Para el Gobierno interino, el Pacto de San José debe ser interpretado solamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no así por el Tribunal Constitucional boliviano, que simplemente debe aplicar la norma, señaló el ministro.

También consideró que hubo una «interpretación antojadiza» de ese artículo del Pacto de San José en la sentencia sobre la reelección.

Fallo judicial cuestionado

Aquel fallo avaló la reelección indefinida en Bolivia, alegando que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo, sacando a la palestra el artículo 23 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Bolivia.

El tribunal siguió la misma vía que abrió en 2003 a partir de ese artículo Óscar Arias en Costa Rica y siguieron luego otros políticos como Daniel Ortega en Nicaragua en 2014 y en 2015 Juan Orlando Hernández en Honduras.

«La reelección no es un derecho humano», manifestó Coimbra, quien recordó que la Constitución boliviana vigente desde 2009 tiene un artículo «como un peso y contrapeso del poder que debe ser respetado».

El citado artículo es el 168, que limita a dos los mandatos consecutivos y que el partido de Evo Morales intentó modificar mediante un referendo constitucional en 2016, pero los votantes rechazaron autorizarle para presentarse a un cuarto mandato.

Precisamente la molestia de los sectores contrarios a Morales comenzó a partir de la insistencia de sus partidarios de habilitar su candidatura para las elecciones de octubre pasado, pese al límite constitucional y a los resultados del referendo de 2016.

El pedido del gobierno

Con el memorial presentado en esta jornada, el Gobierno interino busca que el Constitucional «unifique la jurisprudencia y nos diga qué es lo que se debe aplicar», sin «interpretaciones antojadizas», insistió el ministro.

«Mañana vamos a decir que es un derecho humano cualquier cosa y cualquiera que tenga el poder va a hacer presión ante los tribunales para salir con sus caprichos», advirtió.

Coimbra espera que se aplique un «principio de inmediatez» por la coyuntura en el país y que el Constitucional se pronuncie antes de las nuevas elecciones, cuyo calendario deberá fijar el órgano electoral una vez que el Parlamento elija a sus nuevos miembros.

Las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude electoral a su favor, han sido anuladas por una ley que prevé nuevos comicios a comienzos de 2020, aún sin fecha.