“En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, dice el informe, conocido en las últimas horas.

En el caso de Sacaba, la CIDH señala que, según testimonios, la movilización de cocaleros era pacífica y recibió el fuego de las fuerzas de seguridad, mientras que en Senkata, según la Comisión, las personas se manifestaron sin violencia antes de ser reprimidas.

Respecto a los hechos del 15 de noviembre, la Comisión reportó que, según los testimonios, “miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba” y que, al intentar pasar el puente Huayllani, fueron contenidos por indicación verbal.

“Sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas”, dice el informe.

La CIDH registró en estos hechos de Sacaba la muerte de nueve personas. También menciona la versión del Gobierno, de que los manifestantes se habrían disparado entre ellos, aduciendo razones tales como el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de las personas fallecidas y heridas.

Sin embargo, se ratificó en que, “numerosos testimonios son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva”.

El informe no menciona la versión policial de que se encontraron armas de fuego entre los manifestantes y que un vehículo recibió impactos de bala.

SENKATA

Respecto a los hechos del día 19 de noviembre en El Alto, la CIDH registró que manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta de combustibles y que, en ese momento habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército, con el resultado de nueve muertos.

No obstante, el informe de la CIDH sostiene que, según las víctimas, “estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales”.

El texto indica que habrían sido afectadas personas que sólo pasaban por el lugar y que también se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas, que habrían fallecido en esta misma masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia.

También señala la versión de autoridades en sentido de cuestionar que las balas que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas reglamentarias de la fuerza pública.

El informe no hace mención a las denuncias, después corroboradas por pericias del IDIF, de que los manifestantes usaron dinamita contra el muro de la planta de Senkata. Tampoco señala que siete personas están detenidas por ese caso con cargos de terrorismo.

36 MUERTOS

La CIDH reportó que tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia. La Fiscalía tiene registro de 30.

La Comisión también hizo mención a fallecidos en otras circunstancias, como en Montero, La Paz y Cochabamba. Asimismo, registró hechos como la muerte de Julio Llanos, activista de la tercera edad que reclamaba contra el Gobierno del MAS, quien fue agredido en una movilización, así como lo ocurrido en Vila Vila, donde señala que hubo torturas a las personas que iban a La Paz a pedir la renuncia de Evo Morales.

CIDH condenó las pérdidas de vidas humanas y llamó al Estado boliviano para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, investigue y esclarezca cada uno de los hechos, con el fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como a que provea reparación integral a las víctimas y sus familiares.

También puso en duda que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la investigación, por lo cual planteó la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial.