El caso fue presentado  por el estudio jurídico en París de Alfonso M. Dorado, a nombre de  víctimas que por ahora mantienen en reserva su identidad.

“Hay miles de personas que han sido afectadas en sus derechos durante esta campaña de terrorismo, de momento no se puede divulgar sus identidades, eso es parte de la solicitud ante la Corte Internacional. (…). Esta es una primera etapa de un procedimiento bastante largo, pero ya hay un registro que ha abierto la Fiscalía de la Corte Internacional, se ha presentado  18 videos y 51 pruebas escritas”, explicó Dorado a Página Siete.

El jurista señaló que la denuncia es sobre un “ataque generalizado, coordinado y organizado entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre”, a raíz del fraude electoral  y tras la renuncia de Morales a la Presidencia.

“Han vulnerado claramente derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos entre ellos: asesinatos selectivos con franco-tiradores, emboscadas, violaciones y agresiones sexuales, toma de rehenes, tortura física y psicológica, terrorismo de Estado, interrupción del acceso a los alimentos así como agua a ciertas ciudades”, informó.

Dorado  solicita a la CPI examinar la información presentada por la víctimas con el fin de que los autores y sus cómplices de estos crímenes “contra la humanidad sean juzgados ante la justicia penal internacional”.

Menciona como “coautores” de la comisión de los delitos al exvicepresidente Álvaro García Linera, y los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Defensa, Javier Zavaleta, y de Culturas, Wilma Alanoca, además del asambleísta Gustavo Torrico.

“La Haya confirma recepción de Communication bajo el registro OTP-CR-564/19 sobre crímenes de lesa humanidad denunciados por víctimas de actos cometidos por Evo Morales y otros”, escribió anoche el jurista en su cuenta de Twitter.  Explicó que luego de que la CPI recibió la denuncia, no hay un  plazo determinado, porque se trata de un procedimiento moroso. La denuncia fue presentada sin la intervención del Estado debido a que la Fiscalía rechazó la denuncia y su actuar podría viciar el proceso más adelante.